La mitad de los contadores eléctricos instalados en los pisos supera los 22 años de antigüedad

La mitad de los contadores eléctricos instalados en las viviendas de Euskadi supera los 22 años de antigüedad y un 13,75% mide mal el consumo. Éstos son los datos más relevantes de un estudio realizado por el Departamento de Industria a raíz del informe sobre toda España publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que concluía que el 80% de los contadores miden de más. La antigüedad es la principal causa del mal funcionamiento de estos aparatos. Después de cumplidos los 20 años, la precisión de los contadores se reduce, según consideran los expertos.

La campaña de inspección desarrollada por el departamento ha analizado un total de 400 contadores en toda Euskadi, elegidos de manera aleatoria según un modelo estadístico que garantiza su representatividad. De ellos, 55 medían mal el consumo. En la mayoría de las ocasiones (39) las lecturas favorecían a los usuarios y perjudicaban a las empresas suministradoras, señaló ayer el viceconsejero de Administración y Planificación, José Ignacio Zudaire, durante la presentación del estudio. Los 16 contadores restantes registraban un consumo mayor del que se efectuaba realmente. En la comunidad autónoma hay instalados 1.100.000 contadores de consumo eléctrico, por lo que, según este análisis, unos 151.000 podrían estar registrando mal el consumo. Para Zudaire, el nivel de deficiencias que ha constatado el trabajo es 'alto'.

La muestra arrojó un porcentaje mayor de aparatos que funcionan mal en Vitoria, debido a que se eligieron de una manera premeditada contadores bastante antiguos. De esta forma, más de un 20% presentaron anomalías. Los resultados obtenidos por el muestreo, además de permitir conocer el estado de los contadores instalados en el País Vasco, ha ofrecido al departamento datos suficientes para decidir que es precisa la renovación.

En la actualidad, no hay ninguna norma que obligue a las empresas eléctricas a revisar el funcionamiento de los contadores. Tan sólo existe la obligación de inspeccionarlos en el momento previo a su instalación y cuando se produce una avería. La inmensa mayoría de estos aparatos pertenecen a las propias eléctricas, que cobran un alquiler por ellos al consumidor.

La imposibilidad de que la comunidad pueda legislar en esta materia, llevó al viceconsejero a exhortar al Ministerio de Fomento a aprobar un decreto que limite la antigüedad de los aparatos a 30 años como máximo. Zudaire reclamó además la regularización de inspecciones periódicas. En concreto, planteó que la primera inspección se realizase a todos los contadores cada 15 años y las sucesivas, cada cinco años. El departamento ha recomendado a las empresas que cambien los contadores de más de 30 años por otros nuevos, lo que permitiría que todos los aparatos estuviesen funcionando dentro de los límites aceptables.

Con el objetivo de paliar el vacío legal que existe, el viceconsejero anunció que su departamento aprobara una orden 'provisional' con el objetivo de fijar con mayor rigor los márgenes de error de los contadores de electricidad. Zudaire reconoció que, al carecer de potestad legislativa, la norma podía ser incumplida. Sin embargo, precisó que el contenido de la misma ya ha sido consensuado con las empresas eléctricas, que la han aceptado sin problemas.

Además de establecer un margen de error, la orden también obligará a las empresas a recalcular las facturas y a devolver el dinero en el caso de que hayan cobrado de más. El director de Administración de Industria y Minas, Rubén Mendiola, adelantó que problablemente la orden se aplicará con carácter retroactivo desde el año 2000.

El estudio inicial de la OCU provocó la indignación general de los usuarios, aunque la patronal eléctrica adujo que la muestra escogida representaba sólo al 0,00095% de los aparatos. En el caso de Euskadi, el departamento ha registrado 30 denuncias, pero en muchos casos no se han podido atender al no existir el margen de error legal de los contadores.

Para evitar una avalancha de quejas infundadas, Mendiola recordó a los ciudadanos que reclamen que deben entregar en depósito al menos 60 euros, lo que cuesta hacer la revisión de cada aparato. En el caso de que el contador mida de más, se le devolverá el dinero y será la empresa suministradora la que se haga cargo del coste. Pero si el contador no registra mal, el usuario pierde el dinero.