Los socialistas intentan evitar que la Ley de Partidos divida a la izquierda catalana

La pretensión del Gobierno Aznar de ilegalizar a Batasuna mediante una ley de partidos causa el recelo y la oposición de todos los partidos catalanes, salvo el PP. El PSC se ha comprometido a adoptar en el Congreso de los Diputados la misma posición que el PSOE cuando finalice su negociación con el PP. Pero ERC e Iniciativa Verds han anunciado ya la presentación de sendas enmiendas a la totalidad en el Congreso, y ayer el líder de ERC, Josep Lluís Carod, pidió que la Entesa Catalana de Progrés dé libertad de voto a sus senadores en este proyecto. El socialista Joaquim Nadal insinuó que el PSC podría votar en el Senado lo que acuerde la Entesa, aunque no coincida con el PSOE.

Antes de surtir los efectos que en teoría ha de tener sobre el entorno de ETA, el proyecto de ley de partidos elaborado por el Gobierno del PP para ilegalizar a Batasuna ha provocado ya divisiones a derecha e izquierda. Por la derecha, CiU reclama a sus aliados del PP que introduzca en el proyecto unas garantías democráticas de las que a su juicio carece. Lo mismo que el PSC, que a su vez se siente plenamente justificado por los serios reparos puestos al proyecto de ley gubernamental por el Consejo de Estado y una parte del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los dirigentes de la izquierda catalana que se han pronunciado en público contra este proyecto se cuenta el senador de la Entesa por el PSC Jordi Solé Tura. De la Entesa forman parte el PSC, ERC e Iniciativa Verds. Otro senador de la Entesa, Ramon Espasa, forma parte de la plataforma Ciutadans pel Canvi, que también es en principio refractaria al proyecto. Todo apunta, pues, a que en el seno de la Entesa sea más fácil alcanzar un acuerdo en contra del proyecto de ley de partidos, si no hay cambios en el texto, que a favor.

El portavoz de la Entesa, el senador Isidre Molas, explicó ayer que está a la espera de ver en qué para la negociación del PSOE con el PP. Destacó que el objetivo declarado del PSOE es conseguir que el proyecto sea aceptable para todos los partidos democráticos. Si la negociación es un éxito, argumentó Molas, la Entesa tendrá que decidir su voto sobre un proyecto distinto del actual.

Uno de los primeros en mostrar sus discrepancias tanto contra este proyecto de ley como ante la idea de ilegalizar a Batasuna fue el presidente del PSC, Pasqual Maragall. Pero el líder socialista ha dejado siempre claro que en este asunto adoptará al final la misma posición que el PSOE.

A pesar de ello, Nadal abrió ayer la posibilidad de una variación sustancial, la de que los senadores del PSC voten sobre este asunto lo que decida la Entesa Catalana de Progrés, que no tiene por qué coincidir con lo que vote el PSOE en el Congreso de los Diputados. Una de las posibilidades es que los senadores de la Entesa presenten sus propias enmiendas al proyecto. Pero esto sólo podrá decidirse cuando el proyecto haya superado el trámite del Congreso.

Las objeciones de la izquierda a este proyecto son de dos tipos. Por una parte, consideran insostenibles pretensiones del PP como la de que un determinado número de diputados pueda instar a la ilegalización de un partido o la que ésta pueda ser decidida por actuaciones anteriores a la aprobación de la ley.

Pero hay otro tipo de argumentos, que se resumen en la convicción de que no contribuye a resolver el problema de ETA. El presidente de ICV, Joan Saura, dijo ayer que es 'un despropósito' regalar a Batasuna la posibilidad de presentarse como víctima de la democracia. La alternativa de ERC al proyecto del PP sería una ley que ilegalizara a los partidos que no condenen el terrorismo, el fascismo, el racismo y la xenofobia. Y recordó que el PP se ha negado repetidamente a condenar la dictadura franquista en las Cortes.