Un acusado de falsear votos en la Cámara de Comercio de Málaga alega que hubo un compló
Tres acusados de falsificar solicitudes de voto por correo en las elecciones de 1998 a la Cámara de Comercio de Málaga coincidieron ayer en atribuir el delito a 'una mano negra' o un 'espíritu secreto' que introdujo documentación apócrifa en sus apartados postales para perjudicarles. Uno de los imputados, el ex vicepresidente de la institución, Francisco Repiso, fue aún más lejos al declarar que la manipulación se hizo desde 'dentro' de la entidad e insinuar que fue un complot de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para hacerse con el control de la Cámara y acabar con la candidatura de la que formaban parte los procesados: 'El secretario con la CEM, que es la CEOE, se han adueñado de las cámaras de España. Ellos querían poner a su gente y no les interesaba que los que estábamos volviéramos a salir porque las cámaras manejan mucho dinero y la CEM no lo tiene'.
Las falsificaciones salieron a la luz a raíz de la denuncia que el secretario, Agustín Palacios, puso en un juzgado en medio de un polémico proceso electoral.
El juicio comenzó ayer en la Audiencia con cinco acusados en el banquillo: cuatro empresarios y un notario. Los tres que alcanzaron a declarar en la primera jornada proclamaron su inocencia e hicieron hincapié en la falta de control que había sobre la documentación que debía aportarse, en un intento por demostrar que 'cualquiera' pudo pedir solicitudes de voto por correo, rellenarlas con firmas falsificadas y remitirlas a sus apartados.
Según el fiscal, los acusados 'con el fin de obtener un mayor número de votos' para su candidatura se hicieron con fotocopias de documentos de identidad de electores y tras obtener solicitudes de voto por correo, 'sin su consentimiento ni conocimiento, imitaron ellos mismos o personas desconocidas sus firmas'. Un delito continuado de falsificación en documento oficial por el que pide para los cuatro empresarios dos años y tres meses de cárcel y para el notario, cinco años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación. Según un informe policial, de 337 electores a los que se les tomó declaración por solicitudes de voto que llevaban su firma y aparecieron en apartados contratados por los acusados, 322 declararon que la rúbrica era falsa.
La vista se inició con una petición de nulidad de la acusación por parte de la defensa del notario, basada en la dilación del proceso -que durante dos años ha estado en un laberinto judicial- y en la indefensión que suponía la falta de concreción por parte del fiscal de los documentos en los fundamentaba los cargos contra el fedatario público. Las demás defensas adhirieron a la solicitud, pero la sala, tras deliberar unos minutos, estimó que el juicio debía proseguir. El desarrollo de la vista coincide con un nuevo proceso electoral para elegir a los vocales de la cámara malagueña.
