Empresarios, jóvenes y oposición ven 'represiva e inaplicable' la 'ley seca' que planea el Gobierno

El borrador del proyecto de ley seca aglutinó ayer la crítica unánime de la oposición, de los representantes de las industrias afectadas y de las asociaciones de jóvenes. Tan dispares colectivos coincidieron en calificar el proyecto del Gobierno de 'represivo', 'prohibicionista', 'inaplicable' y 'discriminatorio'. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró que el borrador está 'lleno de sentido común', aunque admitió no conocerlo en detalle. Nuevas Generaciones (las juventudes del PP) subrayó que una abrumadora mayoría de ciudadanos, el 91% según el CIS, reclama una ley antibotellón.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, responsable de la redacción de la ley antibotellón, respondió a la avalancha de críticas con el argumento de que 'estamos sólo ante un borrador sujeto a cambios', que puede modificarse con las aportaciones de los afectados, y que el objetivo del Ejecutivo es la 'prevención' para que los menores no beban alcohol. Muchos son los cambios que requiere el proyecto de ley seca, según la oposición de izquierdas (PSOE e IU), los empresarios de bebidas, de publicidad, de hostelería, de gasolineras y de hipermercados y las asociaciones de jóvenes. En resumen, éstas son sus críticas y reclamaciones:

Más prevención, menos prohibición. Las Juventudes Socialistas y el PSOE mantuvieron ayer una reunión para analizar el borrador. Su conclusión, según Herick Campos, secretario general de las Juventudes del PSOE, es que 'existe un problema real de abuso del consumo de alcohol por parte de los menores durante los fines de semana', que 'no responde sólo a un exceso de publicidad a una fácil disponibilidad' sino, 'sobre todo', a 'la falta de alternativas'. Por ello, los socialistas se ofrecen 'a negociar una propuesta integral sobre ocio y comportamiento saludable de los jóvenes' y declaran que 'no serán cómplices de una imposición como esta ley seca'. En IU, su diputada Marisa Castro comparó el impacto de este proyecto con la ley seca que en Estados Unidos en los años veinte facilitó el auge del crimen. Desde las asociaciones juveniles, el presidente del Consejo de la Juventud, David Ortiz, dijo que el borrador 'se centra en medidas represivas para evitar el ruido y las molestias del botellón, pero se olvida de medidas educativas a medio y largo plazo'. Ortiz calificó de 'inaplicables' la mayor parte de las medidas propuestas. Por ejemplo, el Consejo de la Juventud se pregunta cómo y quiénes van a implementar los trabajos sociales con los que se castigará a los menores que beban alcohol: a ellos no les han consultado.

Discriminación y autorregulación. Las distintas asociaciones empresariales que se verán afectadas por el proyecto de ley seca (bebidas, publicidad, gasolineras y supermercados, principalmente) criticaron las 'prohibiciones' que incorpora el proyecto. Los gasolineros no entienden por qué no podrán vender ellos bebidas alcohólicas y sí los híper, mientras los híper pueden vender gasolina. Los híper ven 'curioso y raro', además de 'discriminatorio', que les obliguen a tener una caja especial para el alcohol. Los hosteleros ven 'excesivo' tener que poner un cartel que advierta contra el alcohol. Los licoreros van más allá: consideran que la norma vulnera los derechos constitucionales de libertad de expresión, de reunión y de libertad de movimientos. A los licoreros se unen los publicistas para recordar que ya existe una sociedad de autocontrol de la publicidad y que la legislación española consagra 'la libertad de comunicación comercial'. Ambas asociaciones están de acuerdo en que los mensajes no pueden incitar al abuso, pero reclaman el derecho a 'la publicidad de marca'.

Consenso y negociación. Políticos, jóvenes y empresarios advierten de que 'prohibir el alcohol puede convertirlo en el deporte nacional para los jóvenes' y recuerdan el escaso éxito de las medidas de represión de, por ejemplo, el éxtasis, que es ilegal. Todos reclaman consenso, negociación y que se tenga en cuenta, además, el escaso control sanitario de las drogas cuando son ilegales. 'O incluso del garrafón en algunos bares', recuerdan los representantes juveniles.