Europa define el acoso sexual

Esta no es la historia amarga del difícil proceso burocrático de sacar adelante una directiva europea. Es parte de la historia de una mujer que ha culminado en una importante norma comunitaria de obligado cumplimiento; la de una chica de tantas que, a los 19 años, tuvo que abandonar su primer empleo por sufrir acoso sexual. Lo que la distingue de las demás es que ahora, 24 años después, es la misma mujer que, como miembro de la Comisión Europea, ha sacado adelante la norma que define y tipifica por vez primera en la historia europea ese delito del que fue víctima. Cuando el pasado 17 de abril, tras más de dos años de trabajos y negociaciones, Anna Diamantopoulou pudo anunciar tal logro, no pudo por menos que sentirse 'triunfante como comisaria europea y feliz como mujer'. Según la nueva normativa hay acoso sexual cuando se produce 'un comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual que tenga por objeto o efecto violar la dignidad de una persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o perturbador'.

Cuando la responsable comunitaria de Empleo y Asuntos Sociales fue víctima de acoso sexual, ni siquiera había sido bautizada la afrenta. 'Era un problema sin nombre', admite

A partir del verano de 2005, las mujeres de la UE (que en ese año estará ya formada por 25 países y más de 460 millones de habitantes) tendrán un potente instrumento legal para defenderse

Cuando Diamantopoulou sufrió acoso sexual, ni siquiera había sido bautizada la afrenta. 'Era un problema sin nombre', admite. Y, desde luego, tampoco había instrumentos legales al alcance de las mujeres para poder denunciarlo. Acababa de terminar su graduación en ingeniería civil y había logrado un trabajo en una empresa también de ingeniería. 'Me sentí muy culpable, y eso a pesar de que yo ya estaba para entonces muy implicada en movimientos feministas muy activos', cuenta ahora.

Nacida en Kozani, Grecia, hace 43 años, es la responsable comunitaria de Empleo y Asuntos Sociales. Milita desde muy joven en el partido socialista de su país y accedió a la Comisión Europea en 1999. Ha sacado adelante desde entonces importantes normas laborales y también antidiscriminatorias, pero ninguna como ésta, la que introduce la definición y la prevención del acoso sexual, le ha tocado probablemente tan de cerca.

Hace 24 años, Anna Diamantopoulou optó por el silencio. No contó a nadie su tropiezo, y menos en público. Y consideró que acudir a un tribunal no ayudaría a su causa en absoluto. 'Yo no tenía testigos, y los necesitaba si quería llevar el caso adelante'. Pero a veces nunca es demasiado tarde para recomponer situaciones.

Un problema sin fronteras

Cuando hace dos años la comisaria lanzó la iniciativa, con el apoyo del resto del Ejecutivo comunitario, de legislar sobre el acoso sexual, ella supo que quizá algún periodista le preguntaría sobre su experiencia personal. 'Y entonces decidí que debía aprovechar la oportunidad para lanzar el mensaje, como política, de que hay que admitir que el acoso sexual es un problema en nuestra sociedad y que afecta a todo el mundo, de todas la edades y estatus. Que es un problema que está en todas partes. Quería lanzarle al resto de las mujeres víctimas de acoso sexual el mensaje de que no estaban solas, de que hay una inmensa cantidad de mujeres que han sufrido el mismo problema y que ahora iban a disponer de un arma legal de envergadura para defenderse'.

La ausencia de un juicio público le ha permitido seguir ocultando toda esa serie de detalles que, como bien demuestra el caso de la española Nevenka Fernández, producen como mínimo una enorme turbación en la víctima. 'Los periodistas empezaron a pedirme detalles, querían saber quién fue el acosador y todo eso, pero yo decidí desde el principio que la ruptura de mi silencio era más una opción política que una opción personal. No se trataba de una historia de prensa rosa, sino de un asunto fundamentalmente político'.

El caso de Nevenka Fernández, la ex edil de Ponferrada de 27 años que ha llevado a los tribunales al alcalde, Ismael Álvarez, por acoso sexual, le llama ahora poderosamente la atención. 'En este asunto hay tres dimensiones muy interesantes', comenta. 'La primera es que las mujeres han decidido romper el silencio. La segunda es que es algo que ha ocurrido en el campo político, no sólo en el lugar de trabajo. Y por último, está el hecho de que los periódicos españoles lo lleven a primera página, lo que indica que es un interés que está en la sociedad. Esto no ocurría hace sólo cinco años'.

También la prensa internacional se hizo eco hace dos años del caso de Diamantopoulou, y los medios griegos le dedicaron grandes titulares. 'Uno de los periódicos más importantes tituló: La comisaria ha sufrido acoso sexual, de modo que mi marido lo oyó por la radio a las ocho de la mañana y creyó que el acoso lo acababa de sufrir en Bruselas', bromea.

Pero el caso de Diamantopoulou, ante la ausencia de detalles íntimos, pasó casi inadvertido en la mayoría de los medios hasta ahora, cuando la aprobación de la norma europea lo ha devuelto a la actualidad. 'Pero se interesaron por mi asunto personal', explica ella, 'porque hasta hace bien poco las mujeres no hablaban, mantenían los labios cerrados, no podían admitir lo que les había ocurrido. Porque de alguna manera las mujeres se sienten culpables por lo sucedido. Y por todo ello creo que lo aprobado ahora es una importante pieza legislativa'.

Esa pieza legislativa a la que se refiere la comisaria europea es un cambio normativo en una veterana directiva sobre igualdad de sexos que será publicada, previsiblemente, el mes próximo en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas y que los 15 países miembros de la UE deberán llevar a sus legislaciones nacionales antes del verano de 2005. A partir de entonces, todas las mujeres de la UE (que en ese año estará ya formada por 25 países y más de 460 millones de habitantes) tendrán un potente instrumento legal para defenderse del acoso sexual que responsabiliza de la carga de la prueba al acusado, y también trabajarán en empresas que estarán obligadas, bajo amenaza de multas millonarias, a demostrar que aplicaron políticas tendentes a evitar abusos de poder en forma de acoso sexual.