Los sindicatos alertan de que marginar el título de Filologia Catalana es ilegal

Los sindicatos de la enseñanza STEPV, CC OO y UGT calificaron ayer de 'gravísimo retroceso en el proceso de normalización lingüística' el decreto finalmente publicado por el Consell y anunciaron que lo recurrirán, así como la orden, por 'ser un fraude a la negociación colectiva'. En coherencia con el decreto, la convocatoria de oposiciones de 1.674 plazas docentes ya prevista verá eliminada la cláusula por la cual no se podía obtener el destino definitivo sin tener la capacitación lingüística y verá suprimida la palabra 'equivalente' de la licenciatura de Filología Valenciana -que desapareció en 1995 con el decreto del Ministerio de Educación que la homologaba a la única titulación oficial actualmente, la de Filología Catalana.

En la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública celebrada ayer, los representantes del STEPV y de otros sindicatos advirtieron a la Administración de que si se rechaza a cualquier docente la licenciatura de Filología Catalana para acreditar el requisito lingüístico, podrá presentar una denuncia por prevaricación. A ello, respondieron los portavoces de la consejería que 'se aplicará la legalidad vigente'. Precisamente, la supuesta ilegalidad de la posición del Consell fue señalada también por el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana en una contundente declaración el pasado martes.

Sobre las implicaciones del decreto y la orden, Vicente Esteve, del STEPV, declaró ayer: 'En la práctica, será como concursar para obtener plaza en Murcia. La Administración conserva carta blanca para proceder como le convenga en el 80% de actos administrativos, tal y como ocurría ahora y de cuya actuación arbitraria se ha hecho eco anulamente el Síndic de Greuges'.

También para el secretario general de Fete-UGT, Gonzalo Castillo, 'Educación podría incurrir en prevaricación a la hora de aplicar este decreto que, en definitiva, es una concesión en toda regla a los grupos más reaccionarios del PP, de cara a la futura consolidación de un cuerpo de catedráticos de Secundaria afines al Gobierno, como pretende la ministra Pilar del Castillo en su Ley de Calidad'. 'La credibilidad de la Administración valenciana es cada vez menor', resumió el sindicalista, para quien 'el asunto es tan grave que trasciende la Mesa Sectorial [ámbito en el que la Consejería de Educación y los sindicatos habían acordado un amplio decreto, ahora reducido] y se sitúa en el centro del debate político'.

Manolo Picó, secretario general de la federación de Enseñanza de CC OO, calificó de 'burda la maniobra del consejero Manuel Tarancón de quebrantar el principio de negociación colectiva' y alertó de que 'lo más grave serán las consecuencias sobre la normalización lingüística y la falta de continuidad educativa en valenciano en los institutos '.