La liquidación ordenada de Quiero TV tendrá un coste de 200 millones de euros

El cese de actividad de Quiero TV no va a ser fácil. La plataforma de televisión digital terrestre estima que será necesaria una aportación en torno a los 200 millones de euros para afrontar los compromisos con proveedores y trabajadores, según las estimaciones de algunos socios. Esa cantidad puede aumentar si se dilatan mucho los trámites de cierre, puesto que la televisión de pago está obligada a seguir emitiendo para sus aproximadamente 94.000 abonados y cumplir los contratos publicitarios hasta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no autorice el cese de actividad.

El cierre de Quiero TV, tras su corta existencia de dos años, no va a ser tarea de un día. La decisión adoptada por la junta de accionistas el pasado 25 de abril de optar por la liquidación ordenada en lugar de la suspensión de pagos otorga más garantías a los acreedores y supone también una mayor complicación burocrática, lo que dilatará los plazos para el cierre y tendrá además un coste adicional para los socios, según fuentes de los accionistas.

Según esas fuentes, Quiero TV necesitará 200 millones de euros para su liquidación, de acuerdo a las primeras estimaciones provisionales. Esos fondos, que provendrán de la aportación de los socios y de algunos activos propios, se destinarán fundamentalmente al pago de la deuda con los proveedores y a indemnizaciones para la plantilla de 150 trabajadores.

En el primer caso, los responsables de la cadena de pago ya están negociando con los principales proveedores con el objetivo de cerrar acuerdos bilaterales, que incluirán importantes quitas sobre la deuda.

Sin embargo, la principal preocupación de los actuales gestores de Quiero TV pasa porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología apruebe cuanto antes la resolución de la concesión otorgada el 14 de octubre de 1999, tal y como le ha solicitado la cadena. Esa decisión administrativa es vital para el ahorro de coste y no sólo por la esperada devolución de los 34 millones de euros que depositaron como avales para respaldar la concesión, sino por las ingentes pérdidas que le provoca continuar emitiendo.

Y es que hasta que el Ministerio no resuelva el expediente, Quiero TV está obligado a dar servicio a los 94.000 abonados con los que cuenta actualmente, lo que le ocasiona unas pérdidas de alrededor de un millón de euros diarios. También se está esperando la respuesta de la Administración para informar a los abonados del cierre de la cadena y de la devolución, en su caso, de los equipos instalados.

El cierre de Quiero TV se complica aún más por las divergencias surgidas entre los socios y, principalmente, entre Auna, el accionista mayoritario y de control con el 49% del capital, y Mediapark, la productora controlada por Telefónica e Iberdrola. Ésta no está de acuerdo con el procedimiento de liquidación elegido para el cierre de la cadena y ha pedido un arbitraje que medie entre las dos partes. Basa su petición en una presunta orden judicial de quiebra que habría sido solicitada por Interisa, una empresa de codificadores, aunque en Quiero TV no se tiene constancia documental de esa solicitud.

Los trabajadores también están preocupados y han constituido una plataforma para hacer llegar su protesta por lo que consideran una clara dejación de la Administración, que involucró a los accionistas en un proyecto del que ahora se ha desentendido. 'El plan de negocio de Quiero se basó en las promesas del Gobierno (grave error por nuestra parte), que han sido reiteradamente incumplidas u olvidadas voluntariamente', dicen en la web que han puesto en marcha.