Negocios de ETA

Los once miembros de Batasuna detenidos el lunes por orden del juez Garzón forman parte de la trama financiera de ETA, según el ministro del Interior. Es sabido que ese juez sostiene que ETA no está formada sólo por los pistoleros que constituyen su frente militar, sino por una red de organizaciones legales, ilegales y alegales coordinadas por un organismo que antes se llamaba KAS y que ha subsistido con otros nombres o sin un nombre concreto. Los detenidos formarían parte de la estructura encargada de garantizar la financiación de ese conglomerado.

Una red de más de 150 empresas y que produce unos beneficios anuales de unos 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) al año es algo más que un pequeño negocio para ayudar a la financiación de un partido. Sin duda, son muchas las personas que viven de ese tinglado. Una de sus funciones, según el ministro Rajoy, es blanquear el dinero obtenido por ETA mediante la extorsión. Se ignora cuántos millones obtiene la banda por ese procedimiento, pero se han barajado cifras muy elevadas. Desde las detenciones de Sokoa, hace más de 15 años, se tiene constancia de la utilización de los fondos así obtenidos por ETA para financiar sus tramas civiles: de relaciones exteriores, medios de comunicación, ayuda a los presos. Garzón lleva años intentando desentrañar esa red de apariencia legal, con ramificaciones en varios países.

El portavoz del Gobierno vasco opinó ayer que esta nueva operación de Garzón tiene por objeto 'preparar el terreno a la Ley de Partidos' con la que se quiere ilegalizar a Batasuna; y que la trayectoria del juez en este terreno está llena de 'instrucciones que finalmente fueron archivadas sin ningún indicio de culpabilidad'. Esto último es un tópico repetido por algunos nacionalistas cada vez que hay una redada de Garzón, pero no responde a la realidad. Los tribunales han decretado el levantamiento bajo fianza de la prisión provisional de muchos de los detenidos en las ocho o nueve redadas anteriores, pero la mayoría de ellos siguen procesados y a la espera de juicio, lo que significa que hay al menos indicios de culpabilidad.

La relación establecida ayer entre las detenciones y la Ley de Partidos resulta confusa. Esas detenciones más bien indicarían que la ley es innecesaria porque el Código Penal vigente prevé (artículos 129 y 515 a 520) la disolución de las asociaciones que realicen actividades como las que Garzón atribuye a Batasuna. El problema es que hay dirigentes del nacionalismo que parecen estar en contra de cualquier vía tendente a acabar con la impunidad del entramado civil de apoyo a ETA. Al menos, nunca han tomado iniciativa alguna en esa dirección y siempre se han opuesto a las de los demás partidos (por ejemplo, extradiciones o reformas legales) dirigidas al mismo fin.

A estas alturas sólo quienes quieran engañarse cueste lo que cueste pueden ignorar la vinculación entre el brazo militar y el político; y sólo quienes no estén interesados en la derrota de ETA pueden sostener que es posible acabar con ella por mero convencimiento; es decir, renunciando a aplicar la fuerza de la ley. Por la vía penal o por la de una nueva Ley de Partidos, parece lógico intentar impedir que sigan beneficiándose de las ventajas y privilegios que la democracia concede a los partidos quienes consideran legítimo asesinar a los representantes de las demás formaciones y cooperan en la empresa de intimidación en gran escala organizada en torno a ETA. No es normal que tanta gente viva de los frutos de la extorsión mafiosa, y tampoco que los partidos democráticos se vean en dificultades para completar listas electorales mientras quienes administran el terror de ETA reciben subvenciones públicas.