El TSJ investiga la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante en la muerte de dos bañistas en sus playas

¿Podrían haber salvado la vida dos personas ahogadas en la playa alicantina de El Postiguet si el servicio público municipal de vigilancia y salvamento hubiera actuado correctamente? El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano trata de dar respuesta a esa pregunta investigando las circunstancias de las muertes de Celestina Caballero y de Herminio Fernández, dos personas que perecieron en 1999 cuando se bañaban en la playa más popular de Alicante.

Las familias de ambos presentaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ dos demandas contra el Consistorio alicantino por su presunta responsabilidad patrimonial en las muertes de sus allegados. El Consistorio ya ha respondido a las demandas y las causas se encuentran pendientes de las pruebas, las conclusiones y la sentencia.

Celestina Caballero murió alrededor de las 10.30 horas del 4 de julio de 1999 mientras se bañaba en El Postiguet. En la demanda, sus familiares aseguran que el desenlace de aquel baño no se hubiera producido si los servicios de vigilancia y salvamento hubieran funcionado con normalidad. Y reclaman al Ayuntamiento 180.303 euros como responsable patrimonial de aquel suceso. Sin embargo, los letrados municipales entienden que la muerte de Celestina es achacable a causas externas al servicio público.

En la respuesta a la demanda el Ayuntamiento argumenta que la Ley de Costas de 1988 no obliga a los ayuntamientos a prestar un servicio público de vigilancia y salvamento. Pese a ello, cada verano el Consistorio convenia estos servicios con la Cruz Roja. Según las cláusulas de este convenio, las tareas de vigilancia y salvamento se realizan desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, entre las 11.00 y las 19.00 horas.

Herminio Fernández murió el 10 de mayo de 1999 cuando se bañaba en la zona del Cocó, también en la playa del Postiguet. En esas fechas no existe vigilancia en las playas alicantinas, a pesar de la gran afluencia de bañistas que registran. Su familia reclama una indemnización de 144.242 euros.

En caso de que el Ayuntamiento sí tuviera responsabilidad en las muertes, los letrados municipales rebajan sustancialmente la indemnización a los familiares. Aplicando la Ley del Seguro Privado el Consistorio entiende que la indemnización no debería superar los 72.000 euros.

La futura sentencia del TSJ será un referente para los municipios del litoral.