Seis inquilinos en seis metros cuadrados

Hasta seis personas pueden llegar a convivir en una habitación de apenas seis metros cuadrados sin que ello sea ilegal. Actualmente, no existe en Cataluña norma o ley que limite o regule directamente la ocupación máxima de las viviendas, y ello suele derivar en abusos por parte de los propietarios al fijar los alquileres a inmigrantes, o incluso por parte de los propios inquilinos, que realquilan la vivienda o habitaciones a otros compañeros. La Generalitat prevé una modificación de la Ley de la Vivienda que se espera hacer efectiva a final de año. El Grupo Socialista presentó el mes pasado una proposición no de ley con la intención de adelantar soluciones. Próximamente, se debatirá en el Parlament.

'¿Por qué nadie quiere alquilarme un piso? Por mi piel y porque soy inmigrante'

'En esta habitación vivo yo con mi esposa y mis cuatro niños. Yo mismo recogí las camas de la basura. Mi mujer y yo dormimos con el más pequeño en la cama grande. Mis otros tres chicos se reparten en esas dos literas. Y así vivimos', explica Ezequiel, un padre de familia que llegó de Chile hace ocho meses y se estableció en Cornellà (Baix Llobregat) en busca de un futuro: apenas seis metros cuadrados para seis personas. '¿Y sabe cuánto me cuesta todo esto? 75.000 pesetas al mes'. Como Ezequiel, muchos inmigrantes del área metropolitana de Barcelona se ven forzados a vivir concentrados en espacios pequeñísimos.

El Ayuntamiento de Terrassa fue el que primero dio la voz de alarma. Muchas de las viviendas, que son alquiladas para cinco o seis personas, acaban convirtiéndose en el piso de un grupo más numeroso, con el consiguiente hacinamiento. 'Éramos conscientes de este problema, pero desgraciadamente sólo se detecta de verdad cuando ya es muy visible, porque el padrón no refleja la verdadera sobreocupación de las viviendas', explica Antonio Serra, gerente de la Sociedad Municipal de Vivienda de Terrassa (Somuhatesa), empresa municipal que trabaja para conseguir vivienda para los más desfavorecidos. No obstante, según el padrón, es posible hacerse una idea aproximada de esta problemática, que sobre todo afecta a inmigrantes extracomunitarios. Uno de los pocos estudios existentes, en concreto uno referido al barrio de Ciutat Vella de Barcelona, señala que a final de 2000 unas 4.500 personas (aproximadamente, el 5% de la población del distrito) compartían viviendas de muy poca superficie con ocho o más personas. Y de éstos, el 71,8% eran inmigrantes.

Ante el vacío legal, el municipio de Terrassa trasladó hace unos meses su preocupación al Parlament. Así, el Grupo Socialista presentó el mes pasado una proposición no de ley en la que destacaba, entre otros aspectos, la necesidad de fijar el número máximo de ocupantes en una vivienda y garantizar un mínimo de 10 metros cuadrados por persona.

La familia de Ezequiel apenas dispone de un metro cuadrado por persona y además comparte el piso con más inmigrantes. 'Dos marroquíes viven en esa habitación y otros dos en la otra', indica Ezequiel señalando dos puertas cerradas con candado. Y añade: 'Hasta el otro día, otros dos vivían en el comedor. Bebían, fumaban chocolate delante de mis niños. La dueña al final tuvo que echarlos'. Según el inquilino, la propietaria cobra a esos otros ocupantes unos 180 euros al mes (30.000 pesetas). 'Lo grave es que la señora no quiere papeles de por medio. Pero mire, aquí tengo los euros. Yo siempre pago', afirma Ezequiel mostrando el dinero. Lo usual en estos casos es que el propietario haga figurar como inquilino a una o varias personas, mientras que el piso es ocupado por muchas más, a las que se les cobra incluso de forma ilegal.

Roberto Labandera, diputado socialista que presentó la proposición no de ley, busca una solución inmediata para estos casos. 'No se puede esperar a que el Gobierno haga una ley. El problema debe paliarse con un decreto', argumenta.

En la octava disposición final de la Ley de Urbanismo 2/2002, la Generalitat se compromete a arreglar situaciones así. 'El Gobierno debe presentar en el Parlament, dentro del 2002, un proyecto de ley de modificación de la Ley 24/1991, del 24 de diciembre, de la vivienda, que incluya la regulación de la vivienda de protección pública, con una atención especial a los regímenes de alquiler o de cesión de uso; la conservación y rehabilitación del parque de viviendas; los principios sobre habitabilidad, seguridad y funcionalidad de las viviendas; el régimen de infracciones y sanciones]', reza la disposición. Pero según fuentes de la Generalitat, la ley no se materializará hasta final de año. Y eso retrasaría la llegada de una solución.

Mientras tanto, aparecen otras iniciativas. Somuhatesa, junto con la asociación Provivienda, ejerce de intermediaria entre propietario e inquilino para que grupos con dificultades de acceso a viviendas puedan tenerlo, y a un precio reducido, generalmente entre el 20% y el 25% inferior al de mercado. La empresa municipal corre con los riesgos de impago o desperfectos en el inmueble y elimina así las reticencias del propietario a alquilar el piso. Experiencias similares se dan también en Barcelona y Vilafranca del Penedès. Así se ayuda a paliar una de las dificultades de muchos inmigrantes que, incluso teniendo capacidad adquisitiva, no encuentran quien les alquile una vivienda de forma legal y se ven obligados a concentrarse en pisos de amigos.

'Tengo trabajo, tengo papeles y tengo dinero. ¿Por qué nadie quiere alquilarme un piso? Por mi pelo, por mi piel, porque soy inmigrante', explica Said. También Mohamed comparte esta tesis: 'Mire, vivo en un piso de dos habitaciones con 10 compañeros más, sin luz, sin agua, por 79.000 pesetas, y frente al mío hay un piso, ¡un piso vacío!, y no nos lo quieren alquilar'.

Somuhatesa prevé iniciar, además, una actividad pionera en Cataluña, ya que hará un seguimiento del alquiler una vez formalizado el contrato para comprobar que la habitabilidad y la seguridad sean óptimas. Así podrán evitarse situaciones como la de Ezequiel, quien explica que muchas veces se llega al chantaje. 'Me encontré a la dueña y me dijo que le paguemos 200.000 pesetas y presentemos un aval; si no, nos cambiará la cerradura'. El ocupante explica que ahora la dueña quiere que se hagan cargo de todo el piso, cobrándoles 100.000 pesetas y con un adelanto de dos meses. '¿Y qué hacemos con los otros inquilinos? Nosotros queremos pagar, pero algo justo. Sólo pedimos eso'.