Ex dirigentes del PSOE declaran como imputados por tráfico de influencias

El ex presidente provincial del PSOE y ex diputado del Congreso, Rafael Ballesteros, y el ex alcalde de Villanueva del Trabuco, el socialista José Arjona, declararon ayer como imputados de tráfico de influencias por el chalé que el primero se construyó hace 11 años en una zona rústica del municipio. Ambos negaron que existiera trato de favor, mientras el fiscal insistió en la ilegalidad de la vivienda.

Arjona, Ballesteros y su pareja, Victoria Robles -también imputada por el mismo delito- coincidieron en que no les unía una amistad estrecha, que no hubo trato de favor porque los tres pertenecieran al mismo partido y que tampoco hubo presiones del diputado para que se autorizara la obra.

Tras las declaraciones, quedó claro que la licencia para la construcción se concedió el mismo día que se solicitó, sin que un informe del arquitecto técnico o del secretario la respaldara y sin contar tampoco con el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas, administración a la que 'normalmente' los ayuntamientos remitían los expedientes cuando había alguna duda sobre el uso de una parcela. Según los peritos, en la zona sólo estaban permitidas las construcciones rurales destinadas a explotación agraria y como vivienda del agricultor.

Mientras el fiscal intentó demostrar que en realidad Ballesteros se edificó una segunda residencia, el ex diputado aseguró que construyó la casa con fines agrícolas. El ministerio público entonces le preguntó para qué un diputado y catedrático de literatura quería una finca de uso agrícola. 'Horacio y Virgilio también lo hicieron', le respondió.

El ex alcalde -acusado además de prevaricación- intentó quitar hierro a las supuestas irregularidades al afirmar que la licencia se otorgó 'como a casi todos los que la pedían, según la costumbre. Se daban sin más'. También aseguró que Francisco Rodríguez, el concejal del PP que sacó a la luz la presunta ilegalidad, le pidió cinco millones de pesetas a cambio de retirar la denuncia,extremo que el edil negó después al declarar como testigo.

A preguntas de la defensa de Ballesteros, un técnico municipal reconoció que las irregularidades en las licencias eran una 'práctica habitual' en el ayuntamiento y que hubo un intento del ex diputado por regularizar la obra. Después admitió: 'A ningún vecino se le ha obligado a legalizar la situación, sin embargo a Ballesteros sí'. El fiscal llamó la atención sobre el hecho de que en un par de documentos relativos a la edificación aparece un nombre borrado con tipex y sustituido por el de Robles, copropietaria del inmueble. El ministerio público pide dos meses de arresto mayor y multa de 600 euros para los tres, además de siete años de inhabilitación para Ballesteros y 16 para Arjona.