Votos bajo sospecha

El caso Formentera -supuesta manipulación electoral y compra de votos de emigrantes españoles en Argentina para las elecciones autonómicas de 1999- sigue vivo y será decisión del Tribunal Supremo enterrarlo o no definitivamente. Tras varias vicisitudes procesales -maniobras dilatorias del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y posterior decisión del juez instructor de archivar el caso-, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido que los indicios existentes contra el ex presidente del Gobierno balear y actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tienen entidad suficiente para que el Supremo intervenga y retome la investigación.

La connotación política del caso no deriva sólo de la supuesta implicación del ministro Matas, candidato del PP a la presidencia balear en los comicios autonómicos en los que se sitúa la trama investigada de presunta corrupción electoral y malversación de caudales públicos. La investigación también apunta a la cúpula del PP balear de la época, uno de cuyos miembros, la antigua consejera Rosa Estarás, es diputada por el PP en el Congreso. Quizá ello explique en buena medida, más allá de la naturaleza intrincada del caso, los avatares judiciales que ha sufrido y en especial el celo mostrado por Cardenal para que el asunto siguiera en manos de la justicia balear y no pasara al Supremo como pedía insistentemente el fiscal jefe de Baleares.

Si el Supremo se hace cargo del caso Formentera y decide citar a declarar al ministro Matas como imputado, al Gobierno de Aznar se le puede plantear un grave dilema. Aznar nombró ministro a Matas un año después de que éste apareciera aludido en la investigación judicial. Ahora esa alusión se ha convertido en indicios que deberá valorar el Supremo. Es de esperar que Cardenal no haga un uso interesado de su función y maniobre una vez más para que la fiscalía del Supremo neutralice la posible imputación de un ministro. El asunto no es menor, por más que los votos supuestamente manipulados no influyeran en el resultado electoral. Pero la trama institucional montada bajo la apariencia de promover el voto de los inmigrantes parecía tener ese objetivo. Es lo que el Supremo debería aclarar cuanto antes para que las dudas sobre la actuación de Matas quedaran definitivamente despejadas, como el ministro desea.