El Síndic advierte de la 'ligereza' de relacionar inseguridad e inmigración

Inmigración no es sinónimo de inseguridad ni extranjero lo es de delincuente. Con este mensaje, el síndic de greuges, Anton Cañellas, intentó ayer combatir una idea que en Francia ha contribuido al auge de la extrema derecha y que en parte figura en el discurso pronunciado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien vinculó la criminalidad a la llegada de inmigrantes. Cañellas mostró su 'preocupación' por la inseguridad, pero censuró la 'ligereza' con que se relacionan la delincuencia y la inmigración.

El defensor del pueblo catalán presentó ayer su informe anual en la Cámara autónoma, un documento de lenguaje muy moderado pero plagado de críticas a todas las administraciones por la forma en que están conduciendo el reto de la integración de los nuevos llegados. Cañellas aseguró en su discurso que la 'preocupación por la seguridad ciudadana afecta prácticamente al conjunto de la sociedad, pero los que más sufren este problema son los sectores más vulnerables de la sociedad'. 'Estas personas, a diferencia de los sectores más adinerados, no pueden pagar una seguridad privada'.

Además, dijo Cañellas, 'las sospechas sobre las causas del aumento de la inseguridad fácilmente se trasladan del individuo que se comprueba que vulnera la ley al grupo del cual forma parte, tal como hemos visto que, con ligereza, se ha hecho en relación con algunos grupos de inmigrantes'·

Las palabras de Cañellas toman un especial significado al ser pronunciadas el día siguiente de que José María Aznar aprovechara una pregunta del PSOE en el Congreso para responder con la siguiente afirmación. 'Los datos del primer trimestre de este año demuestran un descenso de la criminalidad y la delincuencia en nuestro país'. Y, apostilló: 'Señorías, el 89% de los presos preventivos en este primer trimestre son inmigrantes'.

Pero no sólo Aznar hizo hincapié en las estadísticas que vinculan inmigración y delincuencia. El Gobierno catalán muestra su preocupación desde hace unos meses porque el 90% de los nuevos presos de las cárceles de Cataluña sean inmigrantes. El conseller en cap, Artur Mas, afirmó ayer: 'Si hay estadísticas que dicen que hay inmigrantes que cometen delitos, no se pueden esconder'.

SOS Racismo se unió ayer a las críticas del Síndic de Greuges hacia los discursos que relacionan directamente inmigración e inseguridad. En este sentido, SOS Racismo señaló que el discurso sobre la inmigración que realiza el Partido Popular 'se asemeja cada día más al de la extrema derecha europea'. La organización antirracista añadió además que 'la utilización demagógica y electoral que hacen, así como la política represiva de la inmigración, son las principales fuentes del aumento del racismo y la xenofobia en España'. En esta línea, agregó: 'Cada vez que el Gobierno central habla de seguridad ciudadana, la relaciona directamente con la inmigración'.

El Síndic considera que si los inmigrantes delinquen es por necesidad y dijo: 'Mientras el Estado no pueda ejecutar las órdenes de devolución, retorno o expulsión dictadas, no se puede fingir que estas personas no están aquí. Ni moral ni humanamente podemos permitir que estas personas caigan en la marginación. Por ello hay que prever mecanismos que les permitan vivir con dignidad, lo cual facilitará la convivencia con los nacionales y mantener la cohesión de nuestra sociedad. En mi opinión, esto, de momento, no se está haciendo suficientemente'.

Y lo dijo con conocimiento de causa: Cañellas tuvo que lidiar el pasado con dos de los episodios más traumáticos que ha vivido el fenómeno migratorio en Cataluña en los últimos años. Por una parte, el encierro y la huelga de hambre de 800 inmigrantes en iglesias de Barcelona. Meses después, un centenar de subsaharianos eran desalojados de la plaza de Catalunya de Barcelona y transitaron lamentablemente durante una semana de calle en calle para acabar siendo detenidos y expulsados.

Por ello, el informe anual del defensor del pueblo catalán carga las tintas contra el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central, y les recuerda sus obligaciones en materia de asistencia social y defensa de los derechos humanos.

En opinión de Cañellas, la solución de los problemas de marginación de los inmigrantes pasan, sobre todo, por aplicar políticas de vivienda que eviten la concentración y los guetos en determinados barrios catalanes.