Interior y los jueces se reunirán para intentar mejorar su seguridad

Los responsables de Interior de los gobiernos central y vasco han aceptado la petición formulada por los jueces radicados en Euskadi para reunirse de manera inmediata con el fin de mejorar el que consideran 'insuficiente' nivel de seguridad, tras el asesinato, en noviembre pasado, del magistrado José María Lidón. Mientras tanto, el departamento que dirige Javier Balza ha comenzado a extender la doble escolta a los cargos electos del PSE-EE en Euskadi. Responsables de seguridad de esta formación confirmaron que la consejería ha admitido las solicitudes remitidas hasta la fecha en Guipúzcoa y ha comenzado a poner dos escoltas a cargos públicos socialistas en Vitoria y en la Margen Izquierda.

La asignación a las personas amenazadas por ETA de dos escoltas está encima de la mesa de los responsables de Interior Mariano Rajoy y Javier Balza. Si a principios de semana eran la empresas de seguridad privada, la Asociación de Escoltas del País Vasco y los sindicatos policiales los que colocaban esta reivindicación en un lugar prioritario dentro de sus exigencias a los responsables de Interior, los jueces que trabajan en Euskadi se han sumado también a dicha petición.

Los magistrados habían solicitado, a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco, una reunión con Interior para mejorar los actuales niveles de seguridad que se prestan a jueces y fiscales vascos tras el asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón el pasado 7 de noviembre. Junto a esta exigencia, tanto jueces como escoltas privados han pedido más medios para los profesionales que se ocupan de la protección de los sectores amenazados en el País Vasco: entre otros, inhibidores de frecuencias, chalecos antibalas, cursillos de formación y reciclaje y placas de identificación.

El Departamento de Interior se ha mostrado dispuesto a estudiar, 'desde la racionalidad y los recursos presupuestarios disponibles', fórmulas para incrementar la seguridad de los magistrados, jueces y fiscales y del resto de colectivos amenazados por ETA. Los jueces habían puesto el 10 de mayo como fecha tope para que se produjera una reunión con Interior. Ayer, Interior de ambos gobiernos confirmaron que sus respectivos números dos, Pedro Morenés y Mikel Legarda, se reunirán con los representantes de la judicatura el 9 de mayo.

En la actualidad, el grueso de los 273 jueces y fiscales que ejercen en Euskadi llevan guardaespaldas, aunque la doble escolta, los inhibidores y los coches oficiales están muy restringidos. De estas medidas disfrutan casi exclusivamente los jueces y fiscales que han aparecido en la documentación incautada a los comandos terroristas o los cargos de especial relevancia dentro del organigrama judicial vasco.

Protección a socialistas

El departamento que dirige Javier Balza, por otra parte, ha empezado a extender la doble escolta a cargos electos del PSE-EE, según confirmaron ayer tanto fuentes de la consejería como los responsables de seguridad de los socialistas vascos. El máximo responsable de seguridad en el PSOE, el dirigente socialista vasco Víctor García Hidalgo, aseguró a este periódico: 'Balza ha ido colocando la doble escolta a los ediles y cargos guipuzcoanos que nosotros hemos ido solicitando'. 'Esta misma semana se ha colocado también doble escolta a cargos del PSE de Vitoria y también se ha comenzado con este sistema de protección en determinados municipios de la Margen Izquierda como Trapaga', añadió.

De alguna manera, esta declaración venía a contestar a la carta remitida por cuatro alcaldes socialistas vizcaínos (Trapaga, Barakaldo, Abanto y Portugalete), alineados con el sector crítico del partido, en las que se exigía tanto a Juan José Ibarretxe como a José María Aznar que se doblaran los escoltas, al considerar este asunto 'prioritario'. Se da la circunstancia de que en Trapaga ya han comenzado los servicios de doble escolta, según indicaron fuentes del PSE vizcaíno y confirmó Víctor García, y el propio Balza anunció ayer que había remitido una contestación al alcalde de Barakaldo, Carlos Pera, la única misiva que dice haber recibido la Presidencia del Gobierno vasco. En ella se le recuerda a Pera que su departamento promueve la dotación de dos agentes de protección a los cargos públicos en las zonas de mayor riesgo y que éstas se definen en base a criterios profesionales que establecen los integrantes de la Comisión de Seguridad, en la que participan la Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.