Aznar afirma que 'no es razonable' que 127.000 empleos estén sin cubrir

El presidente del Gobierno, José María Aznar, acusó ayer a 'muchas personas' de 'percibir el subsidio agrario' en municipios en los que 'cada vez existen más reclamaciones de mano de obra inmigrante al mismo tiempo'. Aznar aseguró que existen 127.216 puestos de trabajo ofertados en el Inem que están sin cubrir y afirmó que la reforma del seguro de desempleo que ha propuesto el Gobierno busca precisamente acabar con esa situación, 'que no es razonable'.

Aznar subrayó que el dinero para pagar esos subsidios 'no sale del aire' sino 'del bolsillo de los ciudadanos y de los trabajadores'. Por eso, el Gobierno pretende con su reforma garantizar que sólo 'perciban las prestaciones aquéllos que tienen necesidad y derecho a percibirlas, pero que no la perciba aquel que no tiene derecho o necesidad de percibirla, y que nadie se aproveche indebidamente del sistema'.

Aznar lanzó esta doble acusación: aseguró que algunos trabajadores del campo que perciben el PER defraudan, al cobrar el subsidio sin necesitarlo, y dijo que además que no aceptan empleos que luego deben hacer los inmigrantes, afirmaciones que sublevaron a la oposición.

El presidente había respondido a una pregunta del líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien comparó a Aznar con Silvio Berlusconi, el primer ministro de Italia, donde hace diez días se produjo una huelga general, y auguró que su Gobierno afrontará una respuesta social de similar magnitud.

'El fraude al desempleo es sólo del 2%', le dijo Llamazares y le invitó a 'luchar contra el fraude en la contratación temporal y contra el fraude fiscal, no poniendo a la zorra a cuidar de las gallinas', en referencia al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, para quien la fiscalía pide su imputación en el caso BBV.

Ayudas justificadas

El presidente respondió que el problema es que IU 'concibe la ayuda al desempleo como una especie de salario que puede percibir quien lo pida' y el Gobierno se compromete a 'que no la perciba aquél que no tiene derecho o no tiene necesidad de percibirla'. No especificó cómo se mide esa necesidad.

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, tuvo que afrontar horas después las recriminaciones de PSOE e IU a esa respuesta del presidente. Los diputados Isabel Pozuelo, del PSOE, y Felipe Alcaraz, de IU, le espetaron: 'Ustedes califican a los parados de vagos y corruptos'. Alcaraz apostilló: 'Ustedes no quieren proteger a los parados, piensan que los van a incentivar generándoles una situación de desesperación y que ellos se van a lanzar a buscar empleo. Pero, ¿dónde van a buscar el empleo, señor Aparicio?'.