El PP evita la reprobación del gobierno por dar la exclusiva ambiental a dos firmas

Los votos de CiU y el PP evitaron ayer la reprobación del Gobierno de Jordi Pujol por no haber acabado por ley -tal como se comprometió- con el monopolio que tienen dos empresas medioambientales. ECA e ICICT actúan como colaboradoras exclusivas de la Administración catalana en mediciones medioambientales, a pesar de una sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La izquierda -el PSC, ERC e ICV- pidió ayer en un control de cumplimiento parlamentario el castigo de la Cámara al Gobierno de CiU por mantener el citado monopolio. El Ejecutivo de Pujol se comprometió a presentar un proyecto de ley regulador del sistema de acreditación en el primer trimestre de este año y, ante el incumplimiento de los plazos, los partidos de izquierda pidieron que el Parlament denunciara la situación.

La diputada socialista Montserrat Tura, impulsora de la propuesta, denunció el 'trato de favor y privilegio' que se mantiene pese a la sentencia y las resoluciones del Parlament y consideró 'inexplicable que persista la situación de oligopolio injusta' para el resto de empresas que trabajan en la consultoría medioambiental.

Desde Convergència i Unió, Josep Rull admitió que la elaboración de la ley ha tenido un 'ritmo más lento de lo deseable', pero aseguró que el Parlament tendrá en mayo un texto para 'blindar la libre competencia' de entidades acreditadas en todos los ámbitos de la Administración catalana. Añadió que, a pesar de los meses de retraso, 'nadie puede cuestionar la voluntad del Gobierno catalán de elaborar la ley'. Lo expuesto por Rull contrasta con lo manifestado a este diario por fuentes del Gobierno catalán, que consideraron que el mes de mayo quizá está demasiado cerca para los trámites que tiene pendientes el texto, en fase de anteproyecto.

La diputada del PP Dolors Montserrat -en esa línea de optimismo- aseguró que el Departamento de Medio Ambiente 'ha demostrado de sobras su voluntad' de presentar el proyecto en las próximas semanas, por lo que consideró 'injusto' el castigo del Parlament.

Un decreto de la Generalitat de 1999 fija el reglamento provisional que regula el sistema de acreditación de estas entidades, que en el caso de Medio Ambiente se limita a ICICT y ECA, que tienen una concesión exclusiva hasta 2006. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -publicada por EL PAÍS el pasado 24 de febrero-, a partir de una denuncia de los ingenieros y consultores de medio ambiente, consideraba irregular el contenido del decreto por vulnerar las reglas del libre mercado y la libre concurrencia. Además, el Parlament aprobó por unanimidad en julio de 2000 una resolución que instaba a la Generalitat a elaborar la ley para acabar con el régimen de monopolio.