No mentar el derecho en vano

El Estado de derecho no es un logro del conservadurismo liberal aunque éste se lo haya apropiado indebidamente. Que un Estado tenga constitución no le otorga ser Estado de derecho. Hay constituciones semánticas que no cumplen en la práctica lo que proclaman porque sirven de tapadera a monocracias dictatoriales. El derecho no es tán sólo la ley dictada por quien manda, sino, ante todo, los derechos de las personas y sus grupos. Tales derechos son conquista histórica de los demócratas sobre los liberales, y el Estado de derecho es, hoy, el fruto de quienes extendieron a todos los ciudadanos las libertades de unos cuantos merced al impulso democratizador. Pero cada vez que los conservadores del poder económico y político oligárquico necesitan frenar o impedir cualquier avance democrático que amenace su poderío, tienden a reducirlo mentando en vano el Estado de derecho y la defensa de la democracia, es decir, sus propias órdenes indiscutibles.

El ministro franquista Manuel Fraga lanzó una campaña en los años sesenta con el lema 'España,Estado de derecho', que no resistía la crítica del más complaciente constitucionalista demócrata. Convertido a la democracia por la fuerza de los hechos biológicos, Fraga logró participar en el proyecto constituyente del posfranquismo,pero recuerdo muy bien que si Felipe González no hubiera instado del Rey por sugerencia mía un cambio radical de actitud de la derecha (Alianza Popular-UCD), la Constitución de l978 hubiera prolongado la tradición liberal-autoritaria del liberalismo moderado, que a Fraga le permitía enlazar a Donoso Cortés y a Cánovas del Castillo con el mísmísimo Franco. Fiel a su historia, fue la izquierda la que forzó un mínimo consenso favorable al Estado democrático y social de derecho que hoy por hoy nos une; consenso que ha ido rompiendo la actual mayoría absoluta del autoritarismo liberal.

El Gobierno nacido de esa mayoría ha pretendido o logrado impedir, recortar o adulterar en casi todos los ámbitos derechos constitucionales en nombre del Estado de derecho, confundiéndolo, sin rubor, con las órdenes de su jefe, mientras que las denuncias de los demócratas eran acusadas de ir, no contra el señor Aznar, sino contra el propio derecho del Estado.Tanto se ha llegado a mentar el Estado de derecho para justificar aquéllas que es forzoso evocar la conocida frase del pueblo 'dime de qué presumes y te diré de qué careces'.

La confusión citada había de topar con un poder judicial independiente, previsto en la Constitución. Pero por eso mismo el Gobierno ha intentado controlar los puestos clave de dicho poder y promover el sector judicial menos proclive a aplicar en sus decisiones el espíritu constitucional. A la misma Constitución, en su día rechazada por el señor Aznar, se le ha añadido un innecesario patriotismo identificado con la lectura sectaria que monopoliza el partido gobernante. Y, claro está, cuando se dominan los tres poderes constitucionales, incluido el Tribunal Constitucional, y gran parte del cuarto (los medios de mayor comunicación) se puede impunemente acudir, en nombre del Estado de derecho, a la chapuza jurídica y a la desfachatez impasible como argumento válido que justifica la más crasa ignorancia dolosa de la materia constitucional; como si, en el fondo, el rigor jurídico y la legislación razonable y políticamente prudente fueran estorbos a una acción de mando, más que de gobierno, tan osada e implacable como su inspirador directo.

La peligrosa guinda de ese pastel sin sabor ni saber es la futura ley de partidos políticos, que, pensada contra uno de ellos (que representa nos guste o no a un numeroso e influyente sector de la ciudadanía vasca), pero aplicable al resto, abre con la demagógica excusa del antiterrorismo (¿quién se opondría a ella en lo que tiene de válida?) el camino de una aplicación extensiva y sectaria si no se reconduce su texto a las exigencias constitucionales y a un sistema suficiente de garantías que sólo el derecho, con su formalidad rigurosa, puede ofrecer. Pero, ante todo, uno se pregunta: ¿Para y por qué esa ley si las únicas ilegalizaciones permitidas en nuestra democracia ya están previstas en relación con hechos delictivos, concretos y probados, de carácter personal en el ordenamiento punitivo vigente?.

Los defectos más garrafales del nuevo bodrio legal se sintetizan en su retroactividad inconstitucional, denunciada inútilmente por el Consejo de Estado; en la iniciativa del proceso ilegalizador, al margen del poder judicial y con implicación de los demás partidos; en su resolución por un tribunal especial, prohibido constitucionalmente, y no por el juez ordinario; y en la vaguedad y generalidad de las finalidades y actuaciones imputables a los partidos amenazados de ilegalidad, que permiten lecturas judiciales laxas o arbitrarias. De ese modo cabe temer que lo pensado para acabar con un partido acabe terminando con qualquier otro excesivamente incómodo para el gobernante de turno, cuya mayoría, lograda berluscónicamente, se constituya en partido único plebiscitado, superdemocrático y defensor, no faltaría más, del Estado de derecho. Que lo piensen bien, por tanto, los ahora hipnotizados por la excusa antiterrorista, convertida en todo un chantaje político y moral. Creo yo que no debieran los demócratas caer en la trampa que les tienden los autoritarios inconstitucionales sumándose por timidez a su proyecto, a no ser que logren restablecer el espíritu y la letra de la Constitución, lo cual transformaría de tal modo una ley tan teledirigida que haría de ella una norma sin sentido.

Habría que dejar solos a los autoritarios, pues solos quieren estar, en busca de votos inmaduros, a la hora de seguir atizando, de hecho, un terrorismo que empezaba a hacer crisis por donde más le duele y afecta, es decir, precisamente (¡qué casualidad!) a través de una incipiente Batasuna contraria a la violencia de ETA. ¿Por eso había que ilegalizarla,tal vez? En fin, qué decir ya sino que mentar el Estado de derecho en vano es una forma hipócrita de mentirlo.

J. A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional.