El ex director de Derechos Humanos niega ante el juez una posible incompatibilidad en su cargo

El ex director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Juan José Martínez Leunda, ha negado ante el juez que instruye una denuncia contra él por varios delitos contra la Administración de Justicia haber incurrido en la incompatibilidad de llevar como abogado una causa penal mientras desempeñaba su cargo en el Departamento de Justicia. Leunda, que declaró como imputado, admitió haber solicitado a su cliente un adelanto a cuenta de unos tres millones de pesetas para el caso, que dejó el 10 de julio de 1998 al acceder al cargo. Y aclaró que acaba de realizar 'la correspondiente liquidación de honorarios' a la cliente del citado caso, cuya sentencia se emitió en diciembre de 2000.

Leunda, quien dimitió el 16 de enero, declaró como imputado el pasado 10 de abril en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao por la denuncia en la que se le atribuyen varios delitos contra la Administración de Justicia. El origen de las diligencias abiertas es una denuncia presentada ante la Ertzaintza en septiembre de 2001 por una antigua cliente de Martínez Leunda en la que se detallaba su 'conducta irregular' mientras se hizo cargo del llamado caso del Banco Herrero, una presunta estafa en la que como telón de fondo se investigó una posible financiación ilegal del PP. La única persona acusada, un ex directivo del banco, fue absuelta por la Audiencia bilbaína a finales de 2000 y nunca se pudo probar que se hubiera producido desvío de dinero a las arcas del PP.

Tras la denuncia, la policía elevó un informe al juzgado de guardia y el juez abrió diligencias previas para esclarecer una supuesta comisión de delitos contra la Administración de Justicia por parte de Leunda, además de una posible incompatibilidad en de su cargo como director de Derechos Humanos. Sobre la supuesta incompatibilidad, Leunda reiteró ante el juez lo que ha mantenido desde que se presentó la primera denuncia: que estuvo representando a su cliente en dicho caso 'durante cuatro años, cesando en el momento en que fui nombrado para el cargo del director de Derechos Humanos del Gobierno vasco el 10 de julio de 1998'. Pero, además, dijo que habló con su cliente para hacer saber la 'incompatibilidad, estando ella de acuerdo en que continuase el compañero de despacho Juan Carlos Celaya y notificando dicha circunstancia al juzgado. No puso ninguna objeción', subrayó ante el juez.

Otro de los temas que se investiga es la provisión de fondos solicitada por Leunda -unos 3 millones de pesetas- a su cliente. El ex director de Derechos Humanos reconoció que, pese a separarse del caso en julio de 1998, 'no liquidó sus honorarios en ese momento' porque 'el asunto no estaba acabado y lo iba a continuar otra persona del despacho' y porque 'tampoco lo solícito la cliente'. Leunda ha tardado 15 meses en liquidar los honorarios, ya que la sentencia del caso del Banco Herrero es de diciembre de 2000 y Leunda presentó la liquidación a finales de marzo.

Leunda aseguró que 'hasta que no recayó sentencia mi cliente nunca me manifestó ningún tipo de disgusto o malestar por mi actuación'. Sin embargo, un mes antes de conocerse esa sentencia, el Colegio de Abogados de Vizcaya había abierto un expediente disciplinario contra él, a instancias de su cliente, por posible incompatibilidad. Y el 12 de abril de ese año su cliente presentó otra denuncia contra Leunda ante el colegio por una 'deficiente, mala o negligente práctica profesional'. Ambos por el mismo asunto penal.

El Colegio de Abogados, tras abrir diligencias en julio de 2000, archivó el expediente el 7 de junio de 2001. Se da la circunstancia de que a finales de marzo, pocos días antes de que Leunda tuviese que declarar ante el juez, Leunda liquidó sus honorarios. Y el pasado 25 de marzo, el Consejo Vasco de la Abogacía acordó confirmar el archivo del expediente disciplinario contra Leunda. El Consejo indica con rotundidad que no ha existido deficiente actuación del letrado y que la demora en la tramitación del caso Herrero 'no puede ser achacable directamente al letrado afectado, ya que en el retraso confluyen varios elementos que contribuyen a la excesiva duración del proceso', iniciado en 1991. Y defiende que la liquidación por la provisión de fondos se efectúe tras la sentencia, al 'no haber pérdida de confianza' en el socio de despacho que se hizo cargo de la causa cuando Leunda se fue al Gobierno.