El juez toma declaración a los primeros testigos de la supuesta malversación de Gil en el Ayuntamiento marbellí

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo tomó declaración ayer a varias personas en calidad de testigos, dentro de las diligencias para esclarecer la supuesta malversación de 27 millones de euros (más de 5.000 millones de pesetas) del Ayuntamiento de Marbella. El juez revisará a partir de las cinco de la tarde de hoy la situación de prisión incondicional e incomunicada de Jesús Gil y seis de su colaboradores, que se encuentran en los centros penitenciarios de Alcalá-Meco y Soto del Real, en Madrid.

Del Olmo y la fiscal adscrita al caso, Belén Suárez, de la Fiscalía Anticorrupción, tomaron declaración durante toda la mañana de ayer en el juzgado central número 6 a varios testigos, cuya identidad no trascendió al estar declarado el secreto de las actuaciones.

El magistrado y la fiscal continuaron revisando por la tarde la documentación intervenida en los registros practicados en los domicilios de José Luis Sierra, antiguo abogado de Jesús Gil, y de Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo de Marbella.

Según los abogados defensores, el juez se comprometió con ellos a que la prisión incomunicada se mantuviese por el tiempo imprescindible para practicar las primeras diligencias en la causa, y él mismo se fijó el plazo del viernes por la tarde. Los abogados, que han recurrido por 'desproporcionada' la incomunicación, confían en que hoy el juez acceda a decretar la libertad de todos ellos, o medidas cautelares para eludir la prisión.

Según la querella de Anticorrupción, entre 1991 y 1995, Gil, como alcalde de Marbella, 'desvió fondos del Ayuntamiento, en ocasiones a sus propias cuentas bancarias o a sociedades de su propiedad o controladas por él, y en otras ocasiones se valió de personas de su íntima confianza que figuraban como perceptores de las cantidades, que finalmente acabaron bajo su dominio'.

La mecánica supuestamente empleada consistía en que desde varias compañía instrumentales se giraban las facturas falsas que fueran necesarias para cuadrar las cuentas y compensar las salidas de efectivo del Ayuntamiento.