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Interior quiere revisar el cupo de inmigrantes que fijó para este año

El delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, propondrá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con los que se reunirá hoy en Barcelona, 'revisar el compromiso que adquirimos a finales del año anterior con todos ellos sobre el contingente [de trabajadores extranjeros] para este año'.

Fernández-Miranda aprovechará la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración, del que forman parte las administraciones públicas con competencias en extranjería: estatal, autonómica y local, para proponer a los asistentes 'que dejemos transcurrir otros tres meses, y al cabo de ese tiempo reconsideremos si tenemos que ampliar el contingente', según declaró al diario Abc.

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El delegado del Gobierno se refirió a que hay 90.000 inmigrantes inscritos en el Instituto Nacional de Empleo (INEM). Dijo que ese número, 'asumible, pero significativo', debe 'formar parte de las estimaciones'.

Fernández-Miranda ya fue advertido hace seis meses por los sindicatos y por 11 comunidades autónomas de la inconveniencia de convocar un contingente para este año cuando aún estaban pendientes cuatro procesos de regularización: el extraordinario del año 2000, el de reexamen de 57.000 solicitudes rechazadas en el anterior, el de la llamada Operación Ecuador y el de arraigo. Los agentes les recomendaron que convocara un 'contingente cero' hasta conocer los resultados de las regularizaciones.

Pero, como el Gobierno estaba obligado por las promesas que el delegado había realizado al firmar convenios de inmigración con varios países hispanoamericanos, decidió convocar un cupo de 10.884 empleos estables, a los que añadió otros 21.195 de carácter temporal.

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El punto 10 del acuerdo que el 11 de enero adoptó el Consejo de Ministros sobre este asunto contempla la revisión trimestral del contingente 'para garantizar que se cubran las necesidades de mano de obra'. Es decir, se refiere a una revisión de la cifra exclusivamente al alza.

La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, advirtió de que su formación pedirá responsabilidades a Fernández-Miranda si plantea una revisión, porque sería 'una nueva prueba de la incapacidad manifiesta del delegado para gestionar el fenómeno de la inmigración'. 'No significará que han cambiado las condiciones sobre las que se fijó el contingente', declaró a Europa Press, 'sino que en su día se estableció bajo criterios incorrectos'.

CC OO, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticaron con dureza 'el caos y la demora brutal' del proceso de regularización por arraigo, cuyos resultados definitivos siguen pendientes casi un año después de terminar la admisión de solicitudes.

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