La inversión estatal en las infraestructuras es un 10% inferior a la media española

El Gobierno central, mediante inversiones de los ministerios y de las empresas autónomas, invirtió en 2000 más de un billón de pesetas (6.500 millones de euros) en carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas y otras infraestructuras públicas en toda España, casi la mitad del gasto total, ya que las autonomías pagaron otro billón largo. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat se hizo cargo del 60% de las inversiones, el Estado sólo financió, con 65.000 millones de pesetas (390 millones de euros) el 39% de las obras, 10 puntos por debajo de la media nacional.

El déficit de gasto en infraestructuras en la Comunidad Valenciana, a falta de que empiecen a sustanciarse las promesas de los trenes de alta velocidad por todo el territorio y las costosas obras del trasvase del Ebro que apunta el Plan Hidrológico Nacional, es un hecho patente. Según las cifras oficiales del Gobierno, las inversiones públicas en infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, puertos, costa, aeropuertos, comunicaciones, obras hidráulicas, saneamientos, urbanizaciones...) en la Comunidad sólo supusieron el 7,58% del total español, cifra muy alejada de su peso demográfico y de su contribución a la economía (ambos por encima del 10%). Pero lo peor es que, si sólo se tiene en cuenta la inversión pública efectuada por el Gobierno central, la cuota valenciana baja al 6% de todo el gasto estatal.

Este desajuste se sustancia en que, siempre según los últimos datos oficiales de inversión pública (los de 2000), mientras en el conjunto español el Estado sufraga casi la mitad de las infraestructuras (el 49,39% de los 2,19 billones de pesetas invertidos), en el caso de las obras en territorio valenciano la cifra se reduce en diez puntos porcentuales: el Estado financió sólo el 39,1% de los casi 1.000 millones de euros de inversión total (166.100 millones de pesetas). Por contra, la Generalitat se hizo cargo del 59,6% (595 millones de euros), diez puntos porcentuales por encima de la media.

La Comunidad Valenciana se sitúa así entre las más desfavorecidas de toda España. Quitando al País Vasco y a Navarra, que gozan de estatutos de autonomía con conciertos económicos con el Estado que les permite sufragar la inmensa mayoría de las obras en su territorio (el 73,45% los vascos y el 92,78% los navarros), sólo Cataluña, que se hace cargo del 62,65% de las inversiones, y Madrid, con el 62,1%, contribuyen en mayor proporción a construir carreteras, trenes y otras infraestructuras en sus territorios.

Pero aunque estas dos autonomías gastan más en proporción que la Generalitat, tienen una ventaja: no sufren un déficit de infraestructuras ya que el inmenso volumen de obra que recibe su territorio (el 12,79% de la inversión pública total para los catalanes y el 11,56% para los madrileños) supone unas partidas enormes del Gobierno central. Así, de los 280.300 millones de pesetas (1.685 millones de euros) invertidos en Cataluña en 2000, el Gobierno central puso 103.700 millones de pesetas (623 millones de euros), casi un 60% más que en la Comunidad Valenciana. En cuanto a los madrileños, de los 253.300 millones de pesetas (1.522 millones de euros) gastados en su territorio, 95.600 millones de pesetas (574 millones de euros) los pagó el Gobierno central, un 47% más que en el caso de los valencianos.

Por supuesto, en el resto de las comunidades el Estado asume mucha más cuota de las inversiones respecto al esfuerzo autonómico. Una de las más favorecidas es Andalucía, que obtuvo en 2000 la mayor porción del pastel de las inversiones: un 12,88% del gasto público total, lo que supone un 70% más que los valencianos. Y es más, acapararon hasta un 13,55% de las partidas del Estado, un 125% más que los valencianos. Si bien es verdad que los andaluces merecen ese peso por su amplio territorio y su población, la Junta sólo se hizo cargo del 46% de las inversiones.

Más favorecidos aún resultaron los aragoneses, que recibieron el 7,82% de las inversiones públicas totales. Un porcenaje que se dispara hasta el 12,41% si sólo se analiza el gasto del Gobierno central, ya que con 807 millones de euros (134.300 millones de pesetas, un 106% más que los valencianos) los aragoneses, tras los andaluces, fueron los segundos más beneficiados por las arcas del Estado. De esta forma, el Gobierno aragonés sólo asumió el 20,54% de sus inversiones.

En general, la mayoría de las autonomías invirtieron en 2000 en sus infraestructuras menos dinero que el Gobierno central. Es el caso de Asturias (un 47,35% del gasto para el Principado), las Islas Baleares (47,69%), Canarias (41,4%), Cantabria (46,24%) o Castilla-La Mancha (44,68%). El caso más extremo es el de Ceuta y Melilla (el Gobierno no desglosa sus partidas), que sufragaron un 2,7% de sus inversiones mientras que el Estado se hizo cargo del 97,3% restante.

Por contra, Galicia, con un 51,06% del gasto, hace un mayor esfuerzo, recibiendo el 5,38% de las inversiones. Lo mismo sucede con Murcia (56%), Extremadura (52,32%) y La Rioja (52,7%), aunque estas autonomías apenas reciben el 2,31%, 2,36% y 0,76%, respectivamente, de las inversiones públicas del Estado.

Y sólo Castilla y León ofrece un caso similar al de los valencianos, al sufragar un 59,56% de sus infraestructuras. No obstante, los castellanoleoneses, con 1.066 millones de euros (177.300 millones de pesetas), recibieron el 8,09% del gasto total, es decir, más inversiones públicas totales que los valencianos y más esfuerzo inversor del Gobierno central (6,48%).