El fiscal pide siete años de cárcel para Sáenz de Santamaría por un aborto

El ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría presentó ayer una querella por presunta prevaricación continuada contra la juez y el fiscal que le acusan de un delito de aborto ilegal, juicio que se verá el próximo martes en la Audiencia Provincial de Málaga. El médico sustenta su denuncia en la supuesta existencia de una treintena de irregularidades procesales como la vulneración del derecho a la defensa o de la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales. La fiscalía pide para Santamaría 7 años de cárcel y 10 de inhabilitación por un aborto practicado en 1999 a una joven de 16 años sin el consentimiento de sus padres. El ginecólogo arremetió contra quienes pretenden poner 'un burka judicial' a las mujeres para que no ejerzan sus derechos.

La querella se dirige contra la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, María Teresa Guerrero, y el fiscal adscrito al juzgado, Fernando Bentabol. Entre sus argumentos sostiene que Santamaría y otro ginecólogo también encausado no fueron citados como imputados al comienzo del proceso y que muchos recursos han sido resueltos sin la preceptiva fundamentación jurídica, vulnerando así su derecho a la defensa.

El médico -que ya fue encarcelado de forma preventiva en tres ocasiones por delitos de aborto y desacato- tendrá que volver a sentarse el martes en el banquillo de los acusados, justamente por esta causa. Por ser reincidente, el ministerio público le pide 7 años de cárcel y 10 de inhabilitación profesional. Para el otro ginecólogo, Polidio A. C. -quien no se ha sumado a la querella- el fiscal, solicita cinco años de prisión e igual tiempo de inhabilitación. La joven que cometió el aborto no está imputada.

Muchacha de 16 años

El aborto que originó la causa fue practicado por ambos facultativos en Málaga, en marzo de 1999, a una chica que entonces tenía 16 años y estaba en su segundo mes de gestación. Ella dio su consentimiento, pero carecía de la autorización paterna. La interrupción del embarazo llegó a conocimiento de las instancias judiciales a raíz de la denuncia que la joven presentó poco tiempo después contra su compañero en un juzgado de Roquetas de Mar (Almería), donde vivía la pareja, por malos tratos. En represalia, el acusado denunció que la menor había abortado sin autorización de sus padres. De oficio, se abrió otra investigación por el aborto que se remitió a Málaga, dado que la clínica donde se había practicado estaba en esta ciudad.

Según Bentabol, Santamaría cometió un delito de aborto porque 'al ser menor, el consentimiento de la joven no vale, deberían haberlo dado los padres'. El ginecólogo sostuvo ayer que la ley sólo exige la autorización de la embarazada, que la chica había estado en numerosas ocasiones acogida por la Junta, que estaba emancipada y convivía con un hombre mayor de edad, situación que sus padres conocían. Además, recordó una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga por un caso similar en la que, en 1992, se reconoció la capacidad de consentimiento a una emancipada de 16 años que abortó.

Santamaría lamentó que un caso de malos tratos -cuya denuncia se desconoce cómo acabó- haya terminado en un juicio por aborto, tras lo que tachó a algunos miembros del Poder Judicial de 'mamporreros de los torturadores de mujeres'. Para el médico, que tiene dos causas pendientes por el mismo delito en Córdoba y Granada, la acusación 'es una muestra del talibanismo judicial practicado por aquellos que quieren poner a las mujeres un burka mediante el uso de las leyes para que no puedan ejercer sus derechos'.

El fiscal dijo ayer que no hubo irregularidades y que si se hubiera producido algún error, se habría anulado el proceso. La juez no pudo ser localizada.