Andalucía, Extremadura y los sindicatos arremeten contra la reforma del desempleo

La reforma de la protección del desempleo que prepara el Gobierno de Aznar cuenta ya con un rechazo frontal de la oposición y los sindicatos. La desaparición paulatina del PER ha generado en Andalucía y Extremadura una tormenta política y social. Otras medidas, como la retirada del subsidio a quienes rechacen una oferta de empleo, son, para las centrales CC OO y UGT, un recorte de la protección y han advertido al Ejecutivo que habrá 'una respuesta contundente y unitaria' si las lleva adelante. Las críticas provienen también de Izquierda Unida y la Generalitat de Cataluña.

El impacto de la reforma en Andalucía y Extremadura, donde prevé la desaparición progresiva del desempleo agrario (Aepsa, antes denominado PER), ha generado una crítica unánime de las Juntas de esas comunidades, gobernadas por el PSOE. El consejero de Presidencia andaluz, Gaspar Zarrías, acusó ayer al Gobierno central de 'deslealtad' política por plantear la eliminación del PER 11 días antes de la reunión que mantendrán ambas administraciones para analizar las transferencias de las políticas activas de empleo.

Por su parte, la consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, sostuvo que el sistema de ayudas al desempleo debe continuar porque la agricultura aún necesita apoyos 'selectivos y rigurosos'. La presidenta del PP de Andalucía, Teófila Martínez, intentó quitar hierro al asunto y sostuvo que la reforma prevista por el Ejecutivo central no afectaría a aquellas personas que en este momento estén acogidas al subsidio agrario.

La Junta extremeña comparte el rechazo, y su consejera de Trabajo, Violeta Alejandre, aseguró que la retirada de la prestación a los parados que no acepten una oferta de trabajo provocará 'una segunda emigración', y supondría 'una vuelta a la política de desequilibrios territoriales'. Como alternativa, instó al Gobierno central a invertir en sectores competitivos de la región.

El diálogo con los sindicatos no va a ser nada fácil para el Ejecutivo. CC OO advirtió que una reforma como la presentada el jueves a los agentes sociales provocará una respuesta sindical, de forma unitaria con UGT, 'contundente y proporcional a las medidas planteadas'. Una circular remitida por el secretario de acción sindical, Fernando Puig, y la responsable de empleo, Lola Liceras, a toda la organización, y declaraciones de su líder, José María Fidalgo, califican las medidas del Ejecutivo como 'un importante recorte' de derechos para la práctica totalidad de las personas que pierdan su empleo. 'CC OO no va a aceptar ni a negociar ningún recorte de las prestaciones y subsidios de desempleo, y lo que se nos propone lo es', afirman.

'Indigna y denigrante'

UGT califica de 'despreciable', 'indigna' y 'denigrante' la propuesta del Gobierno. El líder de la central, Cándido Méndez, ha asegurado al Gobierno que tendrá 'una respuesta adecuada a la magnitud de estas agresiones'. En especial, UGT arremete contra la intención de acabar con el desempleo agrario del PER, que, según sus datos, deja sin cobertura a 'más de 230.000 familias de las zonas rurales más deprimidas', así como contra la idea de retirar la prestación cuando se rechazan ofertas de empleo, porque supone 'someter' a los parados a un juicio administrativo 'discrecional y sin garantías' que puede dejarles sin prestación.

Para Izquierda Unida, esa reforma supone un 'desatino', y su portavoz de empleo, Antero Ruiz, avisó que, si se pone en marcha, se producirá una fuerte contestación política y conflictividad social. El conseller de Trabajo de la Generalitat, Lluís Franco, ha avanzado que se opondrán 'totalmente a cualquier recorte en las prestaciones' y no apoya las medidas para impulsar la movilidad geográfica, porque el impulso al empleo debe beneficiar 'al conjunto de la familia'.

El único apoyo a las propuestas del Ejecutivo de Aznar provino del presidente de la patronal agraria Asaja, Pedro Barato, quien respalda que se retire la prestación por desempleo a los que rechacen ofertas y la desaparición del subsidio agrario vigente en Andalucía y Extremadura. Barato negó que la causa de que las listas del PER no bajen se deba a las malas condiciones laborales que se ofertan a los trabajadores: 'Esto es una excusa más. Lo que está claro es que hay dos tipos de personas: los que quieren trabajar y los que no', dijo.