Si HB fuera alemana

La mayoría de los consultados la semana pasada en el Sermómetro, de la Cadena SER, se pronunció a favor de la ilegalización de Batasuna (antes HB), al mismo tiempo que una mayoría aún más amplia consideraba probable que la medida provocara la radicalización de los votantes de ese partido y otros efectos negativos. Ese resultado es menos contradictorio de lo que parece. En política, como en economía, a veces hay que adoptar decisiones cuyo efecto a corto plazo se sabe negativo; porque se sabe también que las consecuencias de no hacer nada serían más negativas aún. Los riesgos de la ilegalización de Batasuna son proporcionales al retroceso sistemático, durante 20 años, de la democracia y del Estado de derecho frente a los abusos del mundo etarra del que forma parte Batasuna. Por ello, sopesar los efectos políticos de la ilegalización implica también valorar las consecuencias previsibles de seguir atrasando decisiones que la mayoría considera necesarias.

No hay forma de saber por adelantado qué podría ocurrir si el Supremo disolviera Batasuna. La credibilidad de las advertencias del nacionalismo ('dar oxígeno a ETA', etc.) es escasa, pese a su conocimiento del terreno, porque lleva 20 años oponiéndose a cualquier medida contra la impunidad de ese mundo y, a la vez, presentando como imprescindibles, para hacerle entrar en razón, medidas que luego sólo han servido para reforzar su intransigencia (como el cambio de trazado de la autovía de Leizarán) o favorecer los intereses del propio nacionalismo. Un antecedente a considerar sería el procesamiento y encarcelamiento de la dirección de HB en 1997: hubo convocatoria de huelga general y otras protestas, pero su eco fue escaso. Otro factor a considerar es la posibilidad de que el Gobierno vasco se negase a ejecutar la eventual sentencia del Supremo en la parte que le correspondiera.

Se argumenta que la reforma es innecesaria porque la ley de 1978 ya prevé la declaración de ilegalidad de los partidos. Sin embargo, los intentos de aplicarla para impedir la legalización de HB desembocaron en la desautorización por el Supremo. De un lado, porque consideró que un organismo administrativo, el Registro de Partidos, no podría decidir sobre un derecho fundamental como es el de asociación; de otro, porque la ley hace depender esa declaración de la documentación presentada por el propio partido. Con ese criterio, ni siquiera el de Hitler hubiera podido ser prohibido porque 'antes de alcanzar el poder no reconocía abiertamente sus fines', según sostiene la sentencia de ilegalización del Partido Socialista del Reich (SRP) por el Tribunal Constitucional de Alemania en 1952. Por eso, el proceso que llevó a tal decisión incluyó el análisis no sólo de los estatutos de dicha formación neonazi, sino las declaraciones de sus líderes, actuaciones de sus miembros, revelaciones de testigos y examen del material incautado en sus sedes. Así lo constata un documentado estudio sobre prohibición de partidos en Alemania redactada por Diego Íñiguez y Sabine Friedel que se publicará en el próximo número de la revista Claves.

La legislación alemana estaba muy influida por la necesidad de marcar una frontera clara respecto al pasado inmediato (su Ley Fundamental -Constitución- es de 1949). Se trataba, sobre todo, de evitar que pudiera repetirse la experiencia de acceso al poder por medios formalmente democráticos de un partido totalitario, que tras su victoria modifica las reglas de juego. De ahí que la legislación sobre partidos pusiera el acento en los fines, y no sólo en los medios.

En España, la ley que ahora se propone es el resultado de 20 años de experiencia de la utilización abusiva de la legalidad por un partido que forma parte de un entramado terrorista, y de los efectos del clima de impunidad en que se ha movido. Por eso se fija fundamentalmente en los medios. No se prohíbe el independentismo, sino la utilización de la coacción terrorista para imponerlo. Las incoherencias respecto a ese criterio general señaladas por algunos juristas son fácilmente subsanables en el trámite parlamentario. Sería conveniente que la ley naciera sin esas deficiencias y con un amplio consenso (incluyendo como mínimo a CiU, además de PP y PSOE). Pero deducir del anteproyecto que 'esto ya no es democracia, por mucho que lo vistan', como ha hecho Arzalluz, es impropio de un profesor de Derecho Político formado en Alemania: allí no habrían esperado 20 años para declarar fuera de la ley al brazo político de una organización como ETA.