Un juez pide identificar a unas trabajadoras por una protesta laboral en Sanlúcar

El juez de Instrucción 3 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Ramón Jesús Toubes Torres, ha ordenado a la policía que identifique a las trabajadoras de la empresa de limpieza Ramel que el 30 de marzo de 2001 se manifestaron en el Ayuntamiento en demanda de mejoras laborales.

El juez, a instancias del fiscal, pretende citarlas como imputadas tras la denuncia del alcalde sanluqueño, Juan Rodríguez (PP), y su teniente de alcalde de Personal, Luisa Seco (PP), contra concejales de la oposición y representantes de UGT, a los que acusa de 'secuestro' en las dependencias municipales en la noche de la protesta. El fiscal entiende también que las trabajadoras participaron en las movilizaciones y en la supuesta retención del alcalde.

Los hechos ocurrieron después de que, en un pleno, el alcalde se comprometiese a negociar con las empleadas para dar estabilidad a sus puestos y mejorar sus condiciones económicas. Tras el pleno, el alcalde se 'encerró en su despacho sin cumplir su compromiso', según dijo ayer el secretario provincial de servicios públicos de UGT, José Manuel García. 'Las trabajadoras y los concejales de la oposición se instalaron en los pasillos del Ayuntamiento a la espera del diálogo', explicó. El alcalde ordenó desalojar el Ayuntamiento y la Policía, que empleó la fuerza, tuvo que escoltarle en su salida del edificio.