La memoria de la Fiscalía de Sevilla reduce el crecimiento de la delincuencia hasta el 7%

El fiscal jefe de Sevilla presentó ayer la memoria de su departamento correspondiente a 2001. En ella, se minimizan por un lado las cifras de aumento de ola delincuencia ofrecidas por el Ministerio del Interior y, además, se ofrecen argumentos contrarios a los que el Gobierno central utilizó en su día para por un lado hablar de la necesidad de tomar medidas para atajar el incremento de lo delitos y por el otro defender su gestión policial. Así Flores aseguró que según sus calculos el incremento de la delincuencia en Sevilla el pasado año rondó el 7% (Interior habló de más del 20%) y también sostuvo que en este aumento nada tuvieron que ver ni la ley penal del Menor ni los extranjeros.

La Memoria anual de la Fiscalía de Sevilla recoge que en el año 2001 se incoaron en la provincia de Sevilla 254.580 diligencias previas por otros tantos presuntos delitos, aunque 118.665 de ellas fueron archivadas. El fiscal jefe de Sevilla no se anduvo por las ramas y, sin necesidad de que nadie le preguntara, aclaró que ni la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor ni la llegada de extranjeros significaron un impacto digno de tener en cuenta a la hora.

Por ejemplo, el fiscal jefe de Sevilla aseguró que de los 1.100 presos de la cárcel de Sevilla solo 64 son extranjeros y de 114 mujeres presas sólo nueve son ciudadanas de otros países, en su mayor parte colombianos y magrebíes.

Ironías con datos

El impacto estadístico de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor mereció una especial atención por parte de Flores. Sin aludir directamente a las acusaciones sostenidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria del pasado año, el fiscal jefe de Sevilla salpimentó la contundencia de sus datos con comentarios cargados de sarcasmo. Pero la fortaleza en la contestación a las afirmaciones del alto tribunal y del propio consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, sobre la presunta -y a juicio de ambos exagerada- tendencia de los fiscales a solicitar penas de privación de libertad para los menores no estaba en las ironías, sino en los datos.

Así, Flores puntualizó que el pasado año y según la citada ley, en la provincia de Sevilla se abrieron 5.227 diligencias, y únicamente se formuló acusación en 527 de ellas. Además, de ellos tan sólo 22 fueron internados en centros cerrados y otros 14 en régimen semiabierto. En lo que va de año, los fiscales han pedido el confinamiento de 16 menores.

Estos datos de Flores iban destinados a los jueces del TSJA, para los que también tuvo una última alusión. 'No hay que olvidar que los fiscales solicitan las medidas que creen pertinentes, pero es un juez el que lo ordena'.

Para la Administración autonómica también tuvo Flores algunos reproches. Así aseguró que antes de que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor entrara en vigor alertaron a la Junta de Andalucía del riesgo de confiar únicamente en la concesión privada para cubrir la necesidad de centros de internamiento de menores. En la actualidad, la inmensa mayoría son de gestión privada. Además, Flores que, de todos los preceptos educativos y de reinserción social -con sus correspondientes infraestructuras- que contempla la ley-, pocos son los que se pueden pedir de facto, ya que, según él, simplemente no hay medios. 'La verdad es que no hay opción, está la reclusión o la libertad'.

Flores también criticó que Sevilla no disponga de un Juzgado de Menores de guardia, algo de lo que únicamente disponen Madrid y Barcelona.

Familia y pensiones

En relación con los otros datos que contiene la memoria de la Fiscalía sevillana destaca el incremento en los delitos relacionados con el abandono de familia e impago de pensiones, que pasó de los 1.955 denunciados en el año 2000 a 12.755 casos en el año pasado.

Otro dato a destacar de los contenidos en la memoria es la reducción de los robos con intimidación que pasaron de 14.561 en 2000 a 6.632. Entre las necesidades de la Fiscalía, Flores apuntó que deberían incorporarse 20 nuevos fiscales para poder cubrir con las debidas garantías el trabajo que les corresponde.