Un concejal de Cádiz inspecciona a empresas con las que a la vez negocia como cargo público

El teniente alcalde de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, Fernando Sicre, del PP, puede estar incurriendo en una posible incompatibilidad legal por algunas funciones que desempeña en el mismo ámbito y al mismo tiempo en su doble condición de concejal de una corporación local y como inspector de trabajo en activo. Este edil, fichaje estrella de la alcaldesa Teófila Martínez en las pasadas elecciones, simultanéa ambas actividades y está negociando como edil, según propia confesión, con las mismas empresas del Campo de Gibraltar que inspecciona laboralmente.

En su papel de impulsor del Fomento en la provincia de Cádiz, Sicre negocia habitualmente con empresas campogibraltareñas para que reciban transferencia tecnológica y formación en el Centro Suratlántico de Tecnología (CENTI), un proyecto del PP por el que Sicre ha recibido numerosas críticas, debido a la inactividad de este equipamiento público que costó 2.100 millones de pesetas.

Como inspector de trabajo, Sicre inspecciona, entre otras empresas, a las entidades pertenecientes al sector petroquímico y del acero que están agrupadas en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI). Firmas tales como Cepsa, Acerinox, Eastman Chemical, Pétreas, Interquisa, Cepsa Petrosur, Torras Papel, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Maersk. Con estas mismas empresas, a las que Sicre afirma conocer como inspector de trabajo al igual que a sus directivos, ha mantenido contactos y negociaciones para que vengan al CENTI. 'Hemos mantenido una serie de reuniones con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Yo personalmente he acudido a las dos primeras (...) Yo he llevado directamente las negociaciones con estas empresas (...) Las conozco perfectamente en mi condición de inspector de trabajo (...) mi zona de inspección son todas las grandes industrias de esta provincia y todas las empresas contratistas y subcontratistas de las mismas, tanto de la Bahía de Cádiz, en el marco de Jerez y en la Bahía de Algeciras', afirmó Sicre, quien suma además a estas obligaciones la de profesor universitario.

La Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas permite esta doble condición de concejal y funcionario si practica la docencia a tiempo parcial o si por la actividad política no se perciben retribuciones fijas o periódicas. Con todo, varios juristas consultados han detallado que Sicre podría infringir dos leyes y el Estatuto jurídico de la Inspección de Trabajo. Asimismo existe jurisprudencia.

La norma que más vincula a Sicre es el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero sobre el Estatuto Jurídico de la Inspección de Trabajo, cuyo artículo 11 dice textualmente: 'En razón a su función, los inspectores o subinspectores no podrán tener interés directo ni indirecto en empresas o grupos de empresas objeto de su actuación (...) se abstendrán en todo asunto en que concurra interés...'. Sicre ha afirmado que tiene el interés de traer estas empresas al CENTI. Incide también sobre la abstención la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común que detalla, en el artículo 28 del capítulo III, que 'el personal al servicio de las administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento de su ámbito de responsabilidad (...) si tiene interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquel'. Según los mismos juristas consultados, en Sicre se da el interés al querer que estas empresas vengan al CENTI.

Asimismo, el artículo 1.3 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 1985, dispone que: 'En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por los funcionarios será incompatible con cualquier actividad pública -como la desarrollada por los miembros electivos de las corporaciones locales- que pueda (...) comprometer su imparcialidad o independencia'.

Existe además jurisprudencia sobre esta supuesta situación. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en el sentido de que 'es preciso evitar la existencia de contactos o áreas de actividad coincidentes que puedan dar lugar que las facultades concedidas al funcionario puedan ser utilizadas en provecho particular (...) en perjuicio del prestigio que por su objetividad, imparcialidad o independencia deben rodear al funcionario, sin que sea preciso la prueba de que se haya producido bastando con esa coincidencia y posibilidad'. Los juristas consultados advierten de que en Sicre se da el contacto o área de actividad coincidentes; que puede obtener provecho en beneficio de su actividad política si consigue que estas empresas vengan a Cádiz, al tiempo que explican que su objetividad, imparcialidad o independencia pudiera verse comprometida.