Afectados por la urbanización de Guardamar recurren el proyecto

Josefa Cazorla tiene 39 años y ha vivido siempre en el Campo de Guardamar. Allí comparte con su marido y con seis hijos una modesta casa que heredaron de su familia, y una parcela de mil metros que se verá reducida a una cuarta parte. En idéntica situación se encuentran más de veinte familias de esta pedanía que se niegan a acatar el proyecto del gobierno municipal del PP de urbanizar sus propiedades, pero conforme a la legislación autonómica están obligados a ceder la mitad de sus tierras para construir espacios comunes, y a efectuar un desembolso de 6.000 pesetas/metro en compensación por las nuevas infraestructuras que se habilitarán.

'No tenemos el dinero que nos exigen', explica la presidenta de la asociación de vecinos, Ofelia Bardonado, 'pero la única opción que nos dan es ceder otro 25 por ciento o vender los terrenos'. Nuestro temor es que nos expropien incluso la casa porque con la ley en la mano pueden hacerlo'. La reciente aprobación de esta adjudicación urbanística en el Campo de Guardamar, que el PSPV califica de ilegal, ha levantado ampollas entre los vecinos. El viernes por la noche mantuvieron una reunión donde abordaron las medidas que adoptarán. La más inmediata será presentar un contencioso administrativo, y en las semanas sucesivas emprenderán distintas acciones de protesta en el Ayuntamiento porque discrepan con el método que el equipo de gobierno, del PP, ha empleado en el procedimiento de adjudicación. El portavoz del PSPV, Manuel Aldeguer, ya anunció que impugnará el acuerdo porque 'se ha vulnerado el procedimiento legal para favorecer a una persona del entorno del PP', concluyó.