Chelva quiere urbanizar un área de 12 hectáreas que los vecinos consideran cara y desmesurada
Pretende lograr suelo para un instituto, pero redactar el PAI costó más que expropiarlo
El Ayuntamiento de Chelva quiere urbanizar 120.000 metros cuadrados al norte del casco urbano. El plan de actuación integral (PAI), que supondrá construir 400 viviendas (900 vecinos en un término de sólo 2.000 habitantes), se ha dimensionado para que la cesión obligatoria de suelo dotacional permita construir un Instituto de Ensañanza Secundaria en 9.000 metros cuadrados. La medida ha soliviantado a los propietarios, que tendrán que financiar toda la urbanización a 13.000 pesetas el metro cuadrado. Se harán con parcelas carísimas que, dicen, no tendrán ninguna demanda.
El PAI de las partidas La Jarea y Monserrate, consideradas urbanizables según las normas subsidiarias del municipio de 1999, abarca 12 hectáreas, lo que supone aumentar en casi un 30% la superficie actual del casco urbano (42,12 hectáreas). Los propietarios afectados esgrimen que se trata de un crecimiento desmesurado para un municipio 'que pierde habitantes día a día'. De hecho, el censo revela poco más de 2.000 habitantes y el PAI podría cobijar a casi 1.000.
Los afectados alegan que en el casco urbano hay decenas de solares vacíos y casas abandonadas, que en varios años sólo se han concedido seis licencias de construcción y que no hay demanda para otras 400 viviendas.El alcalde, José Cervera Hernández, del PP, que gobierna con cuatro concejales de su partido y el apoyo de dos ediles independientes, discrepa. 'Aunque hay gente que no cree en el despegue de Chelva, éste es el futuro; el municipio puede recuperar todo su esplendor y mucha gente podrá construirse aquí su segunda residencia', explica. Así, asegura que la construcción es un sector en auge. Destaca del proyecto que contará con 30.000 metros cuadrados de viales y otros 12.000 de zonas verdes. Y según explica, el motivo del plan es, además de construir un instituto, 'ordenar una zona en la que hay más de 40 viviendas ilegales'.
Desde la Asociación de Afectados por el Plan Parcial La Jarea y Monserrate niegan que sus viviendas sean ilegales. Así, esgrimen que están sobre suelo urbanizable y que contaban con el visto bueno del consistorio para construirlas aunque el cambio de Gobierno municipal, en 1999, les dejó en una situación de 'alegalidad'. Afirman además que están a favor de urbanizar, pero sólo en aquellos sitios en que haya viviendas y no en una superficie tan 'desmesurada'.
Los propietarios se temen que al final sólo haya una urbanización desierta. Y lejos de ser sólo un peligro estético, la asociación afirma que el proyecto supondrá un gasto de varios millones de pesetas para el centenar de propietarios. Y ponen un ejemplo: 'Alguien que tenga una parcela de 1.000 metros cuadrados, además de tener que ceder el 50% para los viales y zonas dotacionales y de servicios, tendrá que sufragar el coste de la urbanización con 13.000 pesetas por metro cuadrado, lo que eleva el coste a 6,5 millones de pesetas'. Un portavoz de la asociación indica que la ejecución de PAI es buena en grandes ciudades ya que, por mucho que te cueste urbanizar, el solar que se obtiene supone una garantía de beneficios futuros. Pero en Chelva, donde la mayoría de los afectados 'son personas sin recursos económicos o jubilados que viven de una pensión', el enorme gasto de la urbanización nunca se recuperará.
El alcalde dice que el plan respeta la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), ahora recurrida ante el Constitucional, y que sólo un vecino ha alegado que renuncia al terreno porque no puede sufragar la urbanización. Y augura que, 'aunque no en un año', la urbanización se irá ocupando.
Según el propio Ayuntamiento, la urbanización viene determinada por la necesidad de conseguir una reserva de suelo dotacional de unos 9.000 metros para hacer un instituto. Pero los vecinos dicen que ya en en las normas subsidiarias se hacía una reserva de dotación docente de 10.386 metros cuadrados al sur del municipio, en la zona de La Ronda.
Las vinculaciones de la empresa
La redacción del plan de actuación integrada (PAI) de Chelva, que se adjudicó en abril de 2000 a la oferta más cara del concurso convocado al efecto, costó casi 230.000 euros (38 millones de pesetas), 'un precio desorbitado comparado con proyectos similares en otros municipios', denuncian los afectados. Y la efectuó una empresa, MS Ingenieros, SL, que consideran 'vinculada' al PP comarcal. Los propietarios aseguran que Vicente Mares Conde, anterior concejal del PP en Chelva y alto responsable de la agrupación comarcal del partido, es apoderado mancomunidado de la firma desde tres meses antes de la adjudicación del concurso. También aseguran que la arquitecta municipal de Chelva es sobrina del administrador único de MS Ingenieros, Miguel Ángel Sanchís. Mares y Sanchís son además responsables de OTP Construcciones, SL, una firma adjudicataraia de varias obras en Chelva. El alcalde de Chelva, José Cervera Hernández, del PP, niega esa vinculación. Asegura que Mares, actual presidente de la agrupación comarcal del PP de Chelva, no integra la firma MS Ingenieros -'ojalá estuviera, porque nos habría hecho un precio mucho más barato'- y amenaza con llevar a los tribunales a cualquiera que vincule una relación del PP con el contrato de redacción del PAI de Chelva. Eso sí, reconoce que hubo cinco ofertas en el concurso y que 'la mejor en cuanto a tecnología, en capacidad de respuesta y calidad era efectivamente un poco más cara'. En cuanto a la elección de la futura ubicación del instituto de Chelva, al norte, en vez de en el espacio reservado en las normas subsidiarias desde hace años, el alcalde explica que fue la Consejería de Educación la que eligió hacerlo en la zona norte. Según afirma, le ofrecieron tres ubicaciones y los técnicos escogieron la que impulsa el alcalde.
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