Sólo una de cada 25 viviendas de nueva construcción tiene protección oficial

La vivienda protegida no arranca. Peor aún, decae. Y la política de adquisición de suelo, determinante para regular la construcción, decae con ella. En 1999 el Gobierno catalán financió 90 actuaciones para la adquisición de suelo. Al año siguiente, el 2000, no hubo ninguna actuación para vivienda protegida. El resultado es que este tipo de viviendas han pasado del 34%, en 1996, al 4%, en el año 2000. Es decir, sólo una de cada 25 nuevas viviendas construidas en Cataluña tiene algún tipo de protección oficial.

210.000 habitantes, que ocupan 90.000 pisos, se hallan en situación de precariedad

Cataluña cuenta con un elevado parque de viviendas: 2,7 millones de unidades, lo que supone una por cada 2,2 personas. Se trata de un porcentaje superior al de los territorios del entorno, pero engañoso. Un total de 467.000 de estas viviendas (una de cada cinco) son segundas residencias y el censo registra otras 314.000 viviendas desocupadas. Los datos pertenecen a un estudio realizado por el Gobierno en la sombra de Pasqual Maragall, con el objetivo de proponer que el próximo Ejecutivo, socialista, pueda cambiar el rumbo de las cosas. El resumen que hace Oriol Nel.lo de la situación es contundente: 'Esto no va. No va'.

El análisis coincide en no pocos puntos con los datos hechos públicos hace menos de una semana por la Fundación La Caixa: el 84,6% de la población ocupa una vivienda de propiedad, lo que equivale a decir que el mercado de alquiler no existe o es residual, lo que dispara los precios de este tipo de vivienda.

Pese al alto parque de viviendas existente, la construcción no decae. En los últimos 10 años se han edificado 256.000 sólo en la región metropolitana y 463.000 en toda Cataluña. La demanda anual estimada es de 35.000 unidades, de las que la parte de león, 25.000, se concentran en la provincia de Barcelona. Esta demanda se explica, en parte, por los cambios estructurales en las unidades familiares, que se acercan ya a los tres miembros, según describe la última encuesta metropolitana.

El resultado del aumento de la demanda, de la falta de protección oficial y de la ausencia de una política de reserva suelo es el aumento del precio, que ha sido del 35% desde 1998. El precio medio de la vivienda se ha situado en 116.000 euros (en torno a 19,3 millones de pesetas), lo que ha incrementado el esfuerzo familiar necesario para adquirir una casa. En la ciudad de Barcelona supone 7,8 veces la renta familiar anual, aunque en el conjunto de la región metropolitana el coste es menor y se sitúa en 5,7 veces la renta de la familia. Esto supone que el pago de la vivienda equivale al 34,5% de los ingresos. No obstante, en las familias que ingresan menos de 15.000 euros anuales (2,5 millones de pesetas), que deberían ser las más favorecidas por la protección oficial, el coste de la vivienda supone el 56% de la renta familiar.

La situación comporta tres tipos de consecuencias: demográficas, territoriales y sociales. En el plano demográfico, el alto coste de la vivienda retrasa el proceso de emancipación de los jóvenes y es una de las razones de la baja natalidad catalana. Las consecuencias territoriales se traducen en una mayor dispersión de las construcciones, que se alejan del centro buscando suelo barato, pero aumentan el consumo de suelo y encarecen notablemente los servicios, en especial los de transporte.

Las consecuencias sociales son de dos tipos. Primero: aumenta el porcentaje de gente mal alojada. El estudio de los socialistas asegura que el 13% de la población se halla en esta situación. Traducido en cifras absolutas, 300.000 viviendas, cuyos ocupantes suman 700.000, están en malas condiciones y casi un tercio de estas personas (210.000, que ocupan 90.000 viviendas) se hallan en situación de precariedad: su vivienda está muy mal dotadas o incluso tienen graves dificultades para mantenerla.

La segunda de las consecuencias sociales es la formación de áreas infradotadas donde se concentra la población menos favorecida. El 11% de las viviendas de la región metropolitana se hallan situadas en estas zonas, lo que supone 180.000 viviendas ocupadas por 400.000 personas.

Frente a estos problemas, la respuesta del Gobierno catalán, opinan Nel.lo y el también diputado socialista Roberto Labandera, ha sido peor que nula: la desidia y el abandono, pese a que 'el Estatut, en su artículo 9.9, le concede competencias exclusivas', recuerda Nel.lo, que resume las consecuencias de las actuaciones u omisiones del Ejecutivo que preside Jordi Pujol: 'El plan de la vivienda 1998-2001 está por debajo de los mínimos'. El cumplimiento de las previsiones en sus dos primeros años se halla al 68%, lo que ha dejado un gran número de actuaciones 'sobrantes', es decir, sin realizar.

El plan de choque de vivienda y suelo 2000-2003, con los datos disponibles del primer año, indica lo siguiente: del total de 42.314 viviendas protegidas previstas, se han iniciado 5.483 (en torno al 13%), pero si se toman las actuaciones previstas sólo para el 2000, el resultado es que había 9.500 proyectadas. Las realizadas se quedan en el 57%.

En el ámbito del alquiler, el plan establecía la construcción de 1.865 viviendas en cuatro años, pese a que sólo en Barcelona hay 250 peticiones diarias. Pero lo peor no es la desproporción, sino el resultado. En 1999, sin el plan de choque, se iniciaron 837 viviendas de alquiler. Un año más tarde, 547.

No corrieron mejor suerte las ayudas para la adquisición: 9.141 otorgadas en el año 1999, que se convirtieron en 6.603 un año más tarde. Y las actuaciones para la adquisición de suelo siguieron la misma senda con más brío: de 90 en 1999 a ninguna un año más tarde. El resultado es que las 16.033 unidades de vivienda protegida de 1996, el año con mayor oferta en este tipo de construcción, se ha pasado a 2.963. En porcentajes: el 34% de entonces ha pasado a ser el 4% (en el conjunto de España es el 5%).

Una actuación mínima, afirma Nel.lo, debería pasar por promover 12.000 viviendas anuales para personas con pocos recursos, establecer ayudas al alquiler y trabajar en la rehabilitación de las áreas urbanas menos favorecidas. Además, habría que actuar sobre las ayudas, de forma que no sólo se financiara la nueva vivienda, sino también la rehabilitación. Una propuesta que repitió el alcalde de Barcelona, Joan Clos, el pasado viernes, durante la presentación de la encuesta metropolitana.

En el mismo sentido y con datos muy parecidos, el diputado de ICV Joan Boada ha presentado esta misma semana una interpelación sobre la política de vivienda del Gobierno catalán. Boada concluye su análisis de la situación del siguiente modo: 'Los cambios en la política de vivienda tendrán aún que esperar al 2003, con otro gobierno'.