El alcalde de Pego se sube el sueldo en respuesta a la sentencia que le obliga a devolver dinero al municipio
Lo había advertido. El alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, acordó ayer aumentarse el sueldo y el de su equipo de gobierno para hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que les condena a devolver las cantidades que en los últimos tres años han cobrado indebidamente por asistencia a plenos y comisiones. La decisión judicial invalida el decreto de retribuciones que Pascual aprobó en julio de 1999, poco después de acceder al poder con mayoría absoluta (10 de los 17 concejales). Dicho acuerdo establecía que los miembros de la oposición podrían percibir un máximo de 150,25 euros (25.000 pesetas) al mes por su asistencia a plenos y comisiones. Para el gobierno, en cambio, fijaba unas cantidades de 600 euros (100.000 pesetas) a 1.719 euros (186.000 pesetas) mensuales.
En el último año, el alcalde y su mujer han ingresado mensualmente más de 3.000 euros (500.000 pesetas) por este concepto. El TSJ considera que este acuerdo es 'discriminatorio' y obliga a Pascual y sus ediles a devolver las cantidades cobradas que excedan de 150,25 euros mensuales, unos 240.000 euros (40 millones de pesetas).
La respuesta de Pascual no se ha dejado esperar. Desde ayer pasa a ocupar su cargo con 'exclusividad' y a cobrar un sueldo anual de 56.495 euros (9,4 millones de pesetas). Lo mismo que su mujer, Maite Ferrandiz (teniente de alcalde) y otras dos ediles independientes que percibirán 54.910 euros (9,1 millones de pesetas). El incremento también beneficiará a otros cuatro concejales, que percibirán 25.200 euros (4,2 millones de pesetas) al año por su dedicación parcial de 70 horas mensuales. Sólo tres ediles de Pascual cobrarán 150,25 euros (25.000 pesetas) mensuales por asistencia a órganos colegiados, la misma cantidad que los miembros de la oposición. Esto supondrá un gasto anual superior a los 360.000 euros (60 millones de pesetas). Los grupos de la oposición (Bloc, PSPV y PP) rechazaron el nuevo decreto. El portavoz del Bloc, Ximo Tur, advirtió de que el acuerdo no cuenta con el informe del interventor y de que que el consistorio no tiene crédito para hacer frente a los nuevos sueldos.
