El tribunal dice que las fiscalías no han 'profundizado' en los aspectos preventivos de la ley Penal del Menor
La memoria anual del TSJA, a la hora de analizar los resultados de la aplicación de la ley del Menor, que entró en vigor a comienzos del año 2001, dice que el ministerio fiscal, principal responsable de su aplicación, 'no parece haber profundizado en la filosofía' de una norma que hace más hincapié en las medidas preventivas que en las represoras.
'Cabe cuestionar' señala la memoria, 'si no se actúa de forma más rigurosa en los internamientos cautelares de menores en comparación con las peticiones de medida cautelar de prisión provisional para mayores de edad penal'. Además, en ocasiones, 'se observa la tendencia a trasladar los criterios de la justicia penal de adultos a la justicia de menores, con un excesivo peso de la medida de privación de libertad'. 'La ley -prosigue la memoria- da muchas alternativas a la privación de libertad y debe preconizarse la aplicación de toda la riqueza de posibilidades que ofrece'.
Otra disfunción detectada por el TSJA es la relativa a los centros de reforma juvenil que 'aun valorando el extraordinario esfuerzo realizado por la Administración autonómica, tanto en su modalidad de semiabierto como cerrados, ya se encuentran completamente saturados'. A título de ejemplo, la memoria precisa que el pasado 10 de febrero había 223 menores internados en Andalucía, 86 como cautelares y 137 como definitivos.
La queja del TSJA también se extiende a las dependencias policiales. La memoria califica como 'problema fundamental' las falta de lugares adecuados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 'Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional han realizado en todo este tiempo las obras necesarias en sus instalaciones para adecuar las dependencias', lo que obliga a las fiscalías y a los juzgados a trabajar de forma apresurada para evitar 'esta situación a todas luces inadecuada para los menores', agrega el presidente del tribunal andaluz.
La entrada en vigor de la nueva ley además ha casi triplicado el número de expedientes. Los 2.391 asuntos penales que se encontraban pendientes de resolución al principio del ejercicio analizado se elevaron a final de año a 6.640. Los juzgados de Menores que más incremento de asuntos penales registraron fueron los de Málaga (2.632), Sevilla (2.560), Cádiz (2.314) y Granada (2.054).
Una de las causas de este fenómeno han sido las denominadas diligencias de derecho transitorio, esto es, las diligencias remitidas por los juzgados de delincuentes que, con la nueva ley, han dejado de tener la condición de mayores de edad.
