La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para un concejal malagueño por infidelidad en custodia de documento

La Fiscalía de Málaga ha pedido 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación especial para ejercer cargo público y una multa de 5.400 euros para el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento malagueño, Manuel Ramos (PP), al que imputa un delito de infidelidad en custodia de documento. El fiscal entiende que Ramos, en su etapa como cargo de confianza del gobierno municipal, ocultó en connivencia con un funcionario también imputado, dos oficios de un juzgado donde se pedía al Ayuntamiento que embargara parte del sueldo del edil para cubrir una deuda reclamada por Unicaja.

Según el escrito del fiscal, en la etapa de Ramos como director del área de Bienestar Social a este departamento llegó, en enero de 1999, un oficio del Juzgado número 14 para retener mensualmente una parte del sueldo del alto cargo. Sin embargo, el imputado 'puesto de acuerdo' con el jefe del área, José Enrique Vega, no registró el documento, al que 'decidieron no darle curso ni enviarlo a la Tesorería, ni practicar ninguna diligencia para evitar que surtiera efecto'. Ante el incumplimiento, el Juzgado remitió otro oficio el 31 de mayo de 1999 al área de Bienestar Social, cuando su director era ya Vega y Ramos había ascendido a la dirección del área de Personal. El fiscal dice que, en esa ocasión, llegaron a registrarlo, pero 'se guarda sin darle curso'.

Fue después de un tercer oficio, cuando la Tesorería del Ayuntamiento contestó en enero de 2000 que nunca les habían llegado esos documentos, ya que Bienestar Social no se los había remitido. Manuel Ramos negó ayer este relato y afirmó que dio instrucciones al funcionario para que siguiera su tramitación. El edil del PP tildó de 'kafkiana' la acusación e indicó: 'Los oficios llegaron a un departamento que no tenía potestad, el embargo no tenía efectos en la práctica porque el sueldo ya estaba embargado, por lo que no entiendo qué interés podía yo tener en ocultar este documento'. En 1999, Ramos tenía varios embargos de su sueldo, entre otras cosas por el impago de una pensión a su ex esposa. 'Además, cuando llegaron los oficios, el impago con la entidad de ahorro estaba ya resuelto', añadió. Ramos consideró que el problema era 'estrictamente privado' por lo que rechazó dimitir.

Sin embargo, tanto PSOE como IU exigieron ayer la dimisión del edil. 'La persona que dirige el Urbanismo, que firma convenios urbanísticos, no puede ser un presunto delincuente; independientemente de la presunción de inocencia, Ramos debe dimitir', exigió el portavoz socialista, Francisco Oliva. 'Este delito se comete como funcionario público y ese ámbito no es privado', puntualizó Oliva. El presidente del Partido Popular en Málaga, Joaquín Ramírez, prefirió esperar acontecimientos, aunque su apoyo al edil fue muy comedido: 'Lógicamente vamos a tomar medidas, pero de momento tenemos que decir que él piensa que es inocente y nosotros le creemos. Estaremos atentos a las circunstancias'. Ramírez indicó que hablará con Ramos del asunto.