La hora de la reforma municipal
Justo con la entrada de la primavera nos llega la noticia de que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha acordado la creación de una comisión paritaria FAMP-Junta de Andalucía para actualizar el pacto local que le propuso el año pasado la Consejería de Gobernación.
Tanto en el seno de la FAMP, como fuera de ella, todos los partidos políticos andaluces coinciden -al margen de diferencias secundarias- en que ha llegado la hora de incrementar las competencias de los municipios porque, al ser las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, ellos pueden gestionar más eficazmente los servicios públicos.
La verdad es que este argumento, en su elegante sencillez, es de una fuerza tal que es imposible no compartirlo, sin necesidad de añadirle otros argumentos, como la tradición de la democracia local, el principio de subsidiariedad y la baja participación en el gasto público total de los entes locales (el 14% aproximadamente, frente al 41% de las CCAA y 45% del Estado), que nos diferencia de otros Estados democráticos, tanto federales (el 20% en Suiza, el 25% en EE.UU) como unitarios (27% del Reino Unido, 48% en Dinamarca), etcétera. Por eso, no es de extrañar que las diferencias entre los partidos radiquen no en la conveniencia derealizar una 'segunda descentralización', sino en la forma de financiarla: mientras los ediles del PSOE reclaman que el Estado las pague, los del PP piden que lo haga la Junta e Izquierda Unida, PA y PSA demandan que las financien ambas Administraciones.
Sin embargo, y quizás por culpa de esta maravillosa primavera que tanto transtorna, no estoy seguro de que la mejor forma de incrementar la eficacia de las Administraciones públicas andaluzas en su conjunto sea la de aumentar las competencias locales, con independencia de quién deba hacer el correspondiente traspaso de recursos económicos. Mi discrepancia de la unánime opinión política dominante se basa tanto en un análisis de la situación actual como, sobre todo, si hago un razonamiento especulativo del futuro. Así, los datos comparativos de distribución del gasto no terminan de convencerme bien porque en algunos casos se comparan cosas muy heterogéneas (en Gran Bretaña y en los Estados Unidos el tamaño de los entes locales es muy superior al español, comenzando por Nueva York, Londres y otras grandes ciudades que tienen más población que Andalucía), o en otros no hay tanta diferencia (el gasto local en Alemania es del 16% y en Francia el 19%). Igualmente, no acabo de ver con claridad que los municipios estén gestionando con una eficacia excepcional las competencias que ahora tienen asignadas,como demuestran sus dificultades a la hora de resolver problemas tan cotidianos como los aparcamientos ilegales, las casas en ruinas y los botellones, a pesar de que en España hay más de 460.000 funcionarios locales, el 20% del total de funcionarios públicos.
Pero, como digo, mis reticencias sobre las transferencias de competencias a los municipios son, sobre todo, puramente especulativas, acerca de lo que puede pasar en el futuro. Tomo el ejemplo más reciente,el caso de las políticas activas de empleo: la FAMP reclama por unanimidad que, después de que el Estado traspase a la Junta esta competencia, ésta a su vez las traspase 'en su totalidad o en el porcentaje que se estime a las Corporaciones Locales'. Sin embargo, los ciudadanos a la hora de buscar empleo no atendemos tanto al municipio donde vivimos, como a la distancia que razonablemente podemos recorrer para ir y volver de nuestro domicilio al lugar de trabajo, lo que hace que el 'radio laboral' de la mayoría de los andaluces abarque, por lo menos, diez municipios. Por eso, ¿qué lógica tiene que sean los Ayuntamientos los que se encarguen de las políticas de empleo? Lo mismo se puede decir del medio ambiente, las infraestructuras, la protección civil y casi todas las competencias cuyo traspaso se está estudiando.
Así las cosas, me parece que la tarea más urgente que debemos plantearnos en relación con la Administración local debería ser la de adecuar la estructura de nuestros 769 municipios a la realidad social actual, más que transferirles competencias. No tiene mucha lógica que al mismo tiempo que defendemos que todas las empresas andaluzas -comenzando por las Cajas de Ahorros- deben aumentar su tamaño para servir mejor a Andalucía, mantengamos y reforcemos un mapa local que es, poco más o menos, el trazado por el Arreglo Provisional de los Ayuntamientos del Reino de 23 de julio de 1835. Por decirlo de forma un tanto rotunda: hay que plantearse la conveniencia de seguir el camino de Alemania y Francia, que han fusionado más de dos mil municipios cada una en los últimos treinta años; eso y crear Áreas metropolitanas, Mancomunidades y Comarcas como alternativas a unas Administraciones locales concebidas cuando el principal medio de comunicación eran los pies de los hombres y sólo algunos privilegiados podían moverse a caballo. Entonces, cuando tengamos unos entes locales en consonancia con la sociedad moderna, sí que me parecerá estupendo incrementar su haz de competencias.
Agustín Ruiz Robledo es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada
