La comunidad que acumula más litigios del Estado

Andalucía ha desplazado a Cataluña y País Vasco en la lista de asuntos pendientes del Tribunal Constitucional. Si hasta hace unos años los Gobiernos autonómicos con mayor peso nacionalista eran los que provocaban más recursos de la Administración central, desde 1996 son las actuaciones del Ejecutivo de Manuel Chaves y las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz las que han captado la atención del Gobierno.

Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, el Constitucional debe resolver aún diez conflictos y recursos presentados por la Administración central contra normas andaluzas, frente a los nueve litigios pendientes contra el País Vasco u ocho en el caso de Cataluña. La guerra institucional entre las dos Administraciones también se refleja en el protagonismo de la Junta en los conflictos y recursos presentados por comunidades autónomas contra normas estatales. El Tribunal tiene pendientes 35 litigios de Andalucía contra el Estado, por 33 de Cataluña y 22 de Castilla-La Mancha.

En ambos casos, la mayor parte de los litigios pendientes corresponden a iniciativas judiciales tomadas en los últimos años. La mitad de los 35 recursos (ver información superior) aún sin sentencia que ha puesto la Junta contra el Estado se han presentado con Chaves en Sevilla y José María Aznar en Madrid. Y de las diez iniciativas judiciales del Gobierno central contra normas andaluzas sobre las que aún no se ha pronunciado el Constitucional, al menos siete han sido iniciadas por el Ejecutivo de Aznar.

Entre los recursos que ha planteado el Gobierno central con el PP en el poder contra normas andaluzas, quizás la sentencia más esperada es la que debe dictar el Tribunal sobre la Ley autonómica de Cajas de Ahorros. El Ejecutivo central recurrió las disposiciones de esta ley que rebajan los privilegios de la Iglesia católica en los órganos de gobierno de Cajasur. El Constitucional suspendió la aplicación de esos artículos, pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.

El Tribunal tampoco ha sentenciado sobre la iniciativa de la Junta de aumentar, en 1998 y 1999, las pensiones no contributivas por encima de lo fijado para el resto de España. El Constitucional, como en todo conflicto de competencias iniciado por la Administración central, al admitir a trámite el recurso suspendió también estas dos subidas. Pero en julio de 1999, levantó la suspensión al considerar que la medida adoptada por la Junta (que complementaba las pensiones con sus fondos) no ponía en riesgo la unidad de la caja de la Seguridad Social. Una decisión que, según los expertos, adelanta el sentido de la sentencia final y forzó al Gobierno central a elevar esta clase de pensiones.

El Constitucional también debe decidir sobre otro recurso doble (1999 y 2000) del Gobierno contra la Junta por atribuirse los intereses de los depósitos judiciales derivados de casos vistos en Andalucía. Y sobre dos normativas autonómicas medioambientales: la Ley de Doñana, que pretendía integrar el parque nacional (estatal) y el parque natural (autonómico) bajo un único órgano, recurrida en 2000, y el plan de ordenación de los recursos naturales de la Isla de Alborán (Almería), de 1999.