La Junta ha presentado 18 recursos al Tribunal Constitucional en seis años de Gobierno del PP

El Gobierno andaluz ha presentado 18 recursos de inconstitucionalidad desde 1996 a leyes y medidas del Ejecutivo que preside José María Aznar. Según datos facilitados por la Junta, el mayor número de litigios se concentra en el sistema de financiación autonómica anterior (1997-2001), cuya aplicación aún colea, por lo que se han recurrido también los presupuestos generales de 2002 (además de los cinco anteriores). Junto a los recursos al alto tribunal, el Gobierno autonómico ha presentado al central ocho requerimientos de incompetencia sobre resoluciones diversas.

- Servicio farmacéutico. Fue el primer recurso que presentó la Junta andaluza al Gobierno de José María Aznar, tres meses después de su toma de posesión. El decreto ley de junio de 1996 de Servicio Farmacéutico redujo de 4.000 a 2.800 el número de habitantes por oficinas de farmacia. La Administración andaluza alegó que la normativa invade competencias de la comunidad al fijar máximos en lugar de mínimos, además de obligar al cierre de más de 750 de farmacias.

- Financiación autonómica. La oposición al anterior sistema de financiación de las comunidades autónomas (1997-2001), que entre otras cuestiones no contemplaba el censo real de población de Andalucía, se ha traducido en un puñado de recursos. Desde la impugnación de algunos artículos de la propia LOFCA, la Ley de Cesión de Tributos o la Ley de reforma del IRPF hasta el decreto que establece la Participación de Andalucía en los Ingresos del Estado (PIE). También se han presentado recursos por los mismos motivos contra los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

- Espacios naturales. La Junta estimó que la modificación que hizo el Gobierno de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre en noviembre de 1997 invadía las competencias de la comunidad al establecer para los Parques Nacionales el principio de gestión compartida. Además se rechazó las funciones que se atribuían a los patronatos de estos espacios, y el nombramiento de sus presidentes por parte del Estado.

- Sierra Nevada. El Gobierno andaluz presentó un recurso contra la Ley de creación del Parque Nacional de Sierra Nevada de marzo de 1999 por los mismo motivos que el anterior. La Junta alegó, también, que el Estado se colocaba en una situación de primacía ante diversas funciones de la cogestión del parque y vulneraba la autonomía financiera de Andalucía.

- Horarios comerciales. El decreto-ley de junio de 2000 autorizó para los comercios un horario semanal máximo en días laborales de 90 horas y un máximo de 12 aperturas al año en festivos y domingos. La Junta entendió, en primer lugar, que la nueva regulación estatal desplazaba la legislación autonómica (72 horas en días laborales y ocho aperturas), al tratarse de una norma básica de aplicación directa, y agotaba la capacidad reguladora de la Junta. El decreto, además, permitió a las surperficies inferiores a 300 metros cuadrados determinar los días y horas de apertura al público. Este tipo de establecimientos representa el 90% de los comercios andaluces.

- Ley del Suelo. El decreto-ley de liberalización en el sector inmobiliario y transportes de junio de 2000 modificó parcialmente la Ley del Suelo y eliminó la discrecionalidad de los municipios a la hora de decidir los terrenos que son urbanizables. En sus fundamentos jurídicos, la Junta argumentó invasión de competencias al entrar el Estado en normas específicamente urbanísticas de competencia autonómica o municipal, y habilitar a los particulares para delimitar los ámbitos de los suelos urbanizables y fijar los requisitos para su desarrollo.

- Concesiones de las ITV. La Junta consideró que la liberalización de las concesiones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de julio de 2000 invade competencias de la comunidad en materia de industria, además ocasionar efectos muy negativos al sector. La Administración andaluza dijo también que se ponía en peligro el equilibrio económico de la empresa pública Veiasa (Verificaciones, Industriales de Andalucía) y perjudicaría a las 43 estaciones concesionarias al eliminar las tarifas para sustituirla por precios máximos.

- Impacto ambiental. Sobre este asunto la Junta ha interpuesto dos recursos. El primero fue al decreto de septiembre de 2000, que atribuía al Ministerio de Medio Ambiente la evaluación de impacto ambiental de los proyectos aprobados o autorizados por la Administración central. El decreto fue sustituido por una ley en junio de 2001, que fue recurrido también al mantener este precepto, que, según la Junta, es competencia de la comunidad donde se realice el proyecto. La Junta cuenta con una ley propia de protección ambiental desde 1994.

- Ley de Extranjería. La Junta andaluza se sumó al rechazo de la Ley de Extranjería de abril de 2000 en marzo de 2001 con un recurso al alto tribunal. El PSOE federal también la recurrió en las mismas fechas. En concreto se impugnaron los artículos que regulan los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga, derecho al recurso contra los actos administrativos y asistencia jurídica gratuita.

- LOU. El Gobierno andaluz formalizó el lunes pasado el recurso contra le Ley Orgánica de Universidades (LOU). El PSOE lo hizo días antes. La Junta estima que vulnera el principio de autonomía universitaria e invade competencias del Estatuto de Autonomía. Los preceptos recurridos son, entre otros, el procedimiento de creación de nuevas universidades, las funciones de los consejos sociales, la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación y la Calidad de Acreditación, la homologación de títulos y las competencias sobre las áreas de enseñanza de los profesores colaboradores.

- Apuestas Hípicas. Es el último recurso que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta (el lunes pasado) y todavía no ha sido formalizado. En concreto se recurre el artículo 24 y una disposición adicional de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales, al considerar que se vulneran las competencias de la comunidad autónoma en materia de apuestas hípicas. El Ejecutivo andaluz argumenta el recurso en la decisión del Gobierno de 'arrogarse' la competencia sobre apuestas hípicas, transferidas en 1984, y de modificar la tasa que grava la autorización de rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y apuestas cedidas también a Andalucía.