Los sindicatos dicen que la Comunidad los ha ignorado en la 'ley antibotellón'

Los sindicatos UGT y CC OO de Madrid denunciaron ayer la 'jugada política' llevada a cabo por la Consejería de Sanidad de la Comunidad al remitir a la Asamblea el proyecto de ley sobre drogodependencias, la conocida como ley antibotellón, sin solicitar previamente el informe preceptivo del Comité Económico y Social (CES), del que ambos sindicatos forman parte. Este órgano, integrado por CC OO, UGT, la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim) y un grupo de expertos designados por el Gobierno regional, es el encargado de examinar todas las leyes que versen sobre asuntos relacionados con la política social o económica de la Comunidad, y elaborar sobre ellas un informe no vinculante.

'Pero el Gobierno regional ha considerado que la norma no se refiere ni a temas sociales ni económicos, cuando en el preámbulo de la ley se hace especial referencia a la importancia social que tiene la norma. Esto muestra la clara voluntad del Gobierno de eludir al CES y es una auténtica burla legal', se quejó ayer Fernando Sánchez, secretario ejecutivo de UGT-Madrid. Un portavoz de la Consejería de Sanidad replicó que la decisión de no solicitar el informe del Consejo Económico y Social se debe a que este órgano 'sólo examina normas relacionadas con el fomento del empleo o la formación profesional' y que, por tanto, su consulta no es preceptiva en este caso.

Los sindicatos denuncian que el pasado jueves, durante una reunión del Consejo Asesor de Salud, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, debía haberles presentado el proyecto de la ley antibotellón. Pero allí descubrieron que el texto de la norma se había remitido ya a la Asamblea de Madrid y que se habían marcado incluso las fechas del 4 y el 11 de abril para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas.

'No consultan'

'No sólo están obviando al CES, sino también al Consejo de Salud, al que no consultan, sino que sólo informan, así como al Consejo Asesor de la Agencia Antidroga, que crearon en 1998 y al que no han convocado tampoco para examinar esta ley contra las drogodependencias', añadió Sánchez.

'El peligro que corremos con esta decisión de no consultar a los agentes sociales es que la ley sea improvisada y represiva', advirtió Ana González, secretaria de política social de CC OO. 'Pero ello no nos impedirá pronunciarnos ante la opinión pública, aunque sea por otros medios'.

La ley antibotellón, que entrará en vigor el próximo verano, según el Gobierno, prohibirá, entre otras cosas, beber alcohol en la calle, y constituirá un arma legal para que los ayuntamientos luchen contra el botellón, práctica de consumir alcohol en grupo y en la calle que llevan a cabo en la capital 15.000 jóvenes cada fin de semana. No se podrá tampoco adquirir bebidas alcohólicas en gasolineras, máquinas expendedoras o áreas de servicio. Después de las 22.00 sólo se podrá comprar alcohol en los bares, y consumirlo allí.