El secretario de Estado de la Seguridad Social apoya a los jóvenes investigadores

El sistema de recortes en materia de asistencia y de cobertura social diseñado por el Gobierno central en el borrador del futuro real decreto que regulará el Estatuto del Becario de Investigación ha recibido un severo varapalo de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que dirige el valenciano Gerardo Camps. El texto que tramita el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) lejos de reconocer la labor productiva de los jóvenes investigadores en formación, excluye de las prestaciones la posibilidad de subsidio por desempleo, pensión de jubilación, viudedad u orfandad o la baja por enfermedad, reduciendo la cobertura prácticamente a la asistencia sanitaria. 'Se estima inadecuada dicha propuesta, toda vez que desde el ámbito de la Seguridad Social debe defenderse la aplicación del conjunto de la acción protectora de nuestro sistema de protección social a todos los beneficiarios', afirma la secretaría en un fax remitido el viernes a la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios.

En dicha carta el secretario de Estado, a través de su director de gabinete, Luis Lobón Martín, realiza una dura crítica al proyecto de real decreto, manifestándose en contra de la arbitrariedad que supone la exclusión de numerosas prestaciones en el régimen de la Seguridad Social propuesta por el MCyT. En repuesta a las carencias denunciadas por escrito por los jóvenes investigadores, Camps fija su postura con contundencia: 'En los informes evacuados desde esta Secretaría de Estado, se ha cuestionado que en el ámbito de la protección no se incluyesen determinadas prestaciones y se estuviese proponiendo una protección reducida, con una selección no justificada de las contingencias. En consecuencia, se estima inadecuada dicha propuesta'. Aunque, se reconoce que 'la decisión final sobre el contenido de la norma citada, dado su rango, escapa al ámbito de competencias de esta secretaría'.

La posición del valenciano Gerardo Camps, que llegó a la Secretaría de Estado tras las elecciones generales de 2000, coincide con la posición impulsada -sin éxito- en los últimos dos años por la Generalitat valenciana a través de la creación de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, con Javier Quesada al frente, y su posterior transformación en consejería. Una de las prioridades en esa dirección, reiterada a lo largo de 2001 por el Consell en púplico y en privado, en reuniones con la asociación valenciana, consistía precisamente en elaborar un Estatuto del Investigador propio de la Comunidad Valenciana, que ampliara la cobertura social vía contratos.

Fuentes del Consell reconocen ahora que el retraso del Gobierno central en definir un marco jurídico, y el restrictivo modelo presentado por el MCyT 'reducen considerablemente las expectativas valencianas de ampliar los derechos y los salarios de los jóvenes investigadores' y 'denifir un estatus propio del investigador, a través de figuras contractuales que se acoplaran a las necesidades de las universidades y del tejido productivo valenciano'. La propuesta valenciana baraja el diseño de un convenio entre las consejerías de Ciencia y Tecnología y de Hacienda que gestionaran conjuntamente 'fórmulas de contratación bianuales, que fueran prorrogables, y evitaran el impago de las becas para dar estabilidad a los investigadores'. Sin embargo, éstas y otras gestiones 'se han detenido en Tesorería', denuncian varios becarios valencianos que a 21 de marzo no ha cobrado aún el mes de febrero.

Mientras los 'becarios' -titulados de universidad que ya no tienen la categoría de estudiantes- son excluidos de la categoría 'de trabajadores por cuenta ajena por considerar que están en periodo de formación' y, por tanto, exentos de toda prestación social, en las Cortes Valencianas el PP ha rechazado hasta tres propuestas del PSPV y de EU presentadas entre octubre de 2000 y marzo de 2001 para dotar de 'unas mínimas relaciones modernas de trabajo, con contrato laboral' como la aprobada por las Cortes de Aragón en la propuesta en diciembre de 2000, con una sonada repercusión nacional.

El PSPV instó al Consell, en un último intento en marzo pasado, a presentar un Plan de Recursos Humanos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico para 'fortalecer el sistema de Ciencia y Tecnología de la Comunidad, encaminado a una convergencia real con los países de la UE en número y calidad de los investigadores'.