EL DEFENSOR DEL LECTORColumna
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Las dos partes

El Libro de estilo recoge una norma fundamental de deontología periodística como es la obligación de escuchar 'a las dos partes en litigio' cuando se informe sobre 'casos conflictivos'.

Esa obligación se amplía a los casos 'dudosos, de cierta trascendencia o especialmente delicados', para los que se exige que 'sean contrastados por al menos dos fuentes'.

El Libro de estilo trata de evitar incluso la posible picaresca de un redactor que trate de orillar la obligación de hablar con alguien perjudicado por una información y exige que se acredite una auténtica labor de busca y que no se resuelva a base de una simple llamada telefónica en el momento en que, por cualquier circunstancia, no pudo ser atendida por el afectado.

El lunes día 4 de marzo, en el suplemento regional de la Comunidad Valenciana, se publicó una amplia información en su primera página en la que, con claro tono de denuncia, se explicaba que en la Vega Baja de Alicante -una comarca que tiene a Orihuela como cabecera- varios ayuntamientos proyectan recalificar cuarenta millones de metros cuadrados de terreno y construir nueve campos de golf.

En el antetítulo de la noticia se señalaba que 'los mismos promotores, abogados y arquitectos estudian la transformación'.

Luego, a lo largo de la información, se incluyeron párrafos como éste: 'Detrás de casi todas las operaciones se hallan los mismos arquitectos, abogados y promotores que obtienen sustanciosos beneficios a cambio de muy pocas concesiones'.

Más adelante se cita expresamente al abogado Rafael Martínez Campillo, 'uno de los nombres que aparecen con insistencia en numerosas operaciones urbanísticas' de esta comarca alicantina. Se le vuelve a citar, uniendo su nombre al de un arquitecto imputado por un supuesto cohecho y se deslizan expresiones a lo largo de la información como 'el proceso depredador es tal...', 'la vorágine constructora...', 'promotores vinculados al poder'..., 'desordenada y caótica expansión...', que confieren al texto un claro tono de denuncia.

Martínez Campillo se ha dirigido por carta al Defensor para protestar: en la información, dice, 'se me alude personalmente, con claro desprecio de la verdad, sin que se me haya consultado y sin intentar localizarme'. Además, entiende que se le convierte en 'protagonista de unas acciones que se presentan ante el lector con las características propias de los actos inmorales y reprobables socialmente'.

El abogado urbanista se puso en contacto con la autora de la información, ofreció su versión y ésta no ha sido publicada.

Martínez Campillo daba en su respuesta unas explicaciones concretas sobre alguno de los proyectos que se mencionaban en la información, recordaba que las leyes urbanísticas vigentes declaran expresamente urbanizable todo el suelo que no está protegido y que las decisiones no corresponden a los urbanistas, sino a las administraciones públicas.

Añadía que 'el único gabinete especializado en urbanismo de la Vega Baja' es el suyo y que eso explica, según afirma, que esté 'detrás de casi todos los proyectos urbanísticos'.

Luis Damián Martínez, delegado del periódico en Alicante, asume la responsabilidad de la información y ha explicado al Defensor que no se publicó la aclaración de Martínez Campillo porque entendió que 'no desmentía la información' y porque no creyó 'que se vertían acusaciones personales'.

El Defensor, en este caso, entiende que el tono general de la información era claramente de denuncia hacia actuaciones que se presentaban como reprobables y que, en consecuencia, las personas aludidas en la información, como actores de esos comportamientos, debieron ser consultadas, de acuerdo con las normas del Libro de estilo, de forma que hubieran podido ofrecer su versión de los hechos.

El periodismo de denuncia es muy valioso, pero debe ofrecer al lector todos los ángulos posibles, con exquisito rigor y con la mayor claridad, de forma que pueda obtener sus propias conclusiones.

Ortografía y lenguaje

El Defensor ha contado más de una vez que muchas de las quejas que recibe se refieren a cuestiones de lenguaje que procura contestar a título privado.

En las últimas semanas han proliferado las protestas porque en el periódico menudean las faltas de ortografía, mucho más allá de lo que pudiera entenderse como erratas que también molestan, con justa razón, a los lectores.

Lo cierto es que se ha observado una intolerable plaga de formas del verbo haber escritas sin hache. La tercera persona del singular del presente de indicativo ha perdido la primera de sus dos letras en más de una ocasión, con la lógica irritación de algunos lectores.

Ramón Hernández es el último que se ha quejado por un error, relativamente frecuente, al confundir los verbos infringir e infligir. Con relativa frecuencia se escribe infringir una derrota, cuando infringir sólo significa quebrantar normas.

Ya que estamos con el lenguaje, conviene aclarar otra protesta que llega cíclicamente al periódico, sobre el uso del vervo calcinar aplicado a cadáveres afectados por el fuego.

Hasta ahora se trataba de una incorrección, ya que el Diccionario de la lengua española de la Real Academia sólo definía el verbo como 'reducir a cal viva los minerales calcáreos'.

La reciente y vigésimo segunda edición del Diccionario se ha apiadado, sin duda, de los periodistas y, a la vista del uso generalizado, ha admitido que calcinar significa también 'abrasar por completo, especialmente por el fuego'.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 23 de marzo de 2002.

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