El presidente demediado
CON SORPRENDENTE regularidad, las votaciones celebradas por el Consejo del poder judicial reproducen una pauta que lleva trazas de convertirse en regla fija: el presidente y diez vocales votan en una dirección; ocho, en la contraria, y otros dos votan con la mayoría o se abstienen. ¿Obedece esta pauta a razones jurídicas, a motivaciones personales, a respetables puntos de vista discrepantes? Para nada. La única razón de tan anómala conducta es externa al Consejo: los propuestos por el PP, con el presidente, votan una cosa; los del PSOE/IU, otra, y el de CiU y el de consenso arriman el ascua a la sardina de la mayoría o miran a otra parte.
Es claro que una pauta tan previsible sólo puede tener una explicación: la mayoría del Consejo actúa sometida a las órdenes emanadas de quien puede no ya orientar, sino determinar sus decisiones. De esa especie, sólo hay un sujeto, el partido del Gobierno, que ha fabricado, tras vergonzosos cambalaches con la oposición, esa mayoría. Un Parlamento que actúa como convidado de piedra sirve para otorgar una última sanción de legitimidad formal a lo que se cocina a sus espaldas por los responsables de los partidos. Cuando uno de ellos disfruta de mayoría, ni las formas se guardan: el partido del Gobierno utiliza al Consejo como brazo extendido del poder ejecutivo en el llamado poder judicial.
La arrogancia y el desprecio que se ha adueñado de este Gobierno en sus tratos con la oposición se ha trasladado íntegramente al interior del Consejo en su política de nombramientos. Realmente, lo que hacen los disciplinados consejeros de la mayoría es como un calco de lo que ven hacer a sus mandamases. Nada les importa, nada les modera con tal de mostrar su obediencia a las consignas partidarias: si hay que nombrar a tal o cual magistrado para el Supremo, se nombra y a otra cosa. La cuestión es garantizar que los elegidos sean como ellos: previsibles hasta el último detalle en su conducta, obedientes al poder ejecutivo, leales a quien les ha nombrado. Éste es el tipo de magistrado o de jurista válido para ocupar los más altos puestos de la administración de justicia y del poder juidicial.
Por eso, cuando se trata de decidir sobre la asignación de sala en el Tribunal Supremo a quien ha sido durante una decena de años presidente de la Audiencia Nacional, nada les ha importado a estos señores la razón que asiste a Clemente Auger para ser destinado a la Sala de lo Penal que ha solicitado, ni los méritos de que viene cargado, ni sus servicios inestimables al Estado, con riesgo de su vida, ni la independencia, la discreción, la autoridad y la solvencia con las que ha presidido durante un periodo convulso la más complicada de las Audiencias españolas, especializada en causas penales relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo. De todo eso, los diez miembros de la mayoría y su presidente hacen mangas y capirotes, atentos como están a los deseos de quien les ha nombrado. Y como el partido del Gobierno no quiere tener en la Sala de lo penal del Supremo a un magistrado independiente, a alguien a quien no puede controlar, se desestima su solicitud, se le destina a la Sala de lo civil y aquí no hay nada más que hablar.
Comprendiendo tal vez la magnitud del estropicio que esta arbitraria decisión y esta conducta servil podrían acarrear al prestigio del Consejo, su presidente anunció que se abstendría en la votación sobre la decisión adoptada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Razones de peso tenía para hacerlo: la mitad de este señor, la que preside la Sala de Gobierno, había votado a favor de enviar al ex presidente de la Audiencia Nacional a un destino forzoso, no querido ni solicitado por él, y había anunciado que su otra mitad, la que preside el Consejo, se abstendría en la votación sobre el recurso interpuesto por Clemente Auger. Pero su palabra, por lo que se ve, no vale nada. El presidente demediado, ante el voto en blanco de dos vocales, no ha tenido más remedio que faltar a ella e incumplir una norma elemental: no decidir en un recurso contra un acuerdo tomado por uno mismo.
De verdad, ¿no ha tenido más remedio? Pues sí, no lo ha tenido. Para eso se le ha nombrado: para que obedezca las órdenes de sus superiores, sin que importe nada el daño que de esta escandalosa actuación se derive para el pomposo pero vanamente llamado Consejo General del Poder Judicial.
