La juez impide de nuevo a Sanidad ser acusación en el caso de la hemodiálisis

La juez que instruye el caso de la muerte de seis pacientes renales el verano pasado en Valencia tras someterse a una sesión de hemodiálisis cree 'improcedente' que la Consejería de Sanidad pretenda tomar parte como perjudicada en el procedimiento. La razón es que la juez considera que el departamento que dirige Serafín Castellano 'podría ser llamada como responsable civil subsidiaria' de las muertes de los enfermos.

El acuerdo que alcanzaron las familias de diez -seis de Valencia- de los fallecidos durante la segunda mitad de agosto de 2001 tras ser sometidos a una sesión de hemodiálisis con la empresa proveedora de filtros dializadores Baxter no ha frenado la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia.

Tanto el fiscal como la asociación de enfermos renales Alcer, representada por su abogado, Salvador Sastre -que ejerce la acción popular-, se mantienen en las diligencias previas.

En el último episodio de la investigación judicial, la juez instructora del caso ha confirmado una decisión que ya había tomado en noviembre y ha vuelto a considerar que la Consejería de Sanidad no puede formar parte del procedimiento como perjudicada. A su juicio, a lo largo de la investigación abierta por una denuncia de imprudencia con resultado de muerte, la Generalitat Valenciana 'podría ser llamada como responsable civil subsidiario'. Ante este posible escenario resulta 'improcedente que pretenda entrar en el procedimiento como perjudicada y además como acusación particular' mientras existe una situación en la que es 'probable' que sea requerida como responsable civil.

La juez remite a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para cimentar esta medida. Así, señala que como apunta una sentencia de este tribunal, los organismos públicos no pueden invocar la condición de acusadores populares cuando el delito que se invoque sea 'de los que pueden considerarse sometidos contra los intereses directos de la administración pública correspondiente'.

La personación de la Generalitat fue en un principio admitida por la juez en noviembre del pasado año, pero los familiares de los fallecidos y responsables de Baxter presentaron un recurso ante esta decisión que fue aceptado por la magistrada. Sanidad acudió a la juez e insistió en solicitar su presencia como parte perjudicada, no en función de un razonamiento que cuestionara la decisión de fondo, sino por un problema puramente formal. Los abogados de la consejería entendieron que antes de que la juez decidiera alejarlos de la causa, no fueron consultados como el resto de las partes, por lo que la decisión alcanzada por la magistrada era nula y, al mismo tiempo, pidió que se admitiera su personación.

Finalmente, en un auto dictado el 11 de marzo, la juez, basándose en las mismas razones que la llevaron a hacerlo en noviembre, rechaza las alegaciones de la Generalitat y vuelve a dejar a Sanidad fuera de las diligencias previas que siguen tramitándose en el juzgado.

Salvador Sastre comentó ayer a este diario que la Generalitat anunció su intención de presentar un recurso ante la Audiencia de Valencia en caso de que su personación fuera desestimada.

Ayer en Alzira, el consejero de Sanidad, Serafín Castellano, dijo que respeta el auto judicial, aunque el ejecutivo valenciano 'estudiará si emprende otras actuaciones judiciales'.