El Gobierno abrirá en México su segunda delegación en el extranjero

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la apertura de una delegación oficial de Euskadi en México, la segunda después de la de Bruselas. La apertura de la oficina de la capital de la Unión Europea, a finales de los ochenta, precisó de una sentencia favorable del Tribunal Constitucional.

Según el portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, durante la presente legislatura se contemplará la posibilidad de abrir otras delegaciones, preferentemente en los países donde ya existen institutos vasco-americanos -Venezuela, Argentina y Chile- y se medita también la instalación de otra en Madrid. 'Queremos articular las relaciones entre Euskadi y México', dijo Imaz, tras explicar que existe ya una relación intensa con este país tanto en el terreno económico -están instaladas numerosas empresas vascas- como con la comunidad vasca asentada allí y diferentes estados mexicanos.

Imaz encuadró la apertura de esta segunda delegación en el extranjero en un plan, contemplado en el Acuerdo de Gobierno, para incrementar 'el impacto político y económico de Euskadi en el exterior, reforzar su posición como socio de pleno derecho en relaciones bilaterales y desarrollar su propia política de solidaridad con países en desarrollo'.

El Gobierno ha elegido México por ser uno de los lugares donde el volumen y la entidadad de las labores de promoción de relaciones entre agentes sociales y operadores económicos vascos y las peticiones de información sobre los servicios del ejecutivo así lo exigen.

El portavoz se refirió al compromiso incluido en el acuerdo de coalición PNV-EA de dotar a Euskadi de una 'política vasca integral' para potenciar su imagen y defender los intereses vascos 'en Europa y en el mundo'. Imaz admitió también que el Gobierno estudia la apertura de una oficina en la capital de España. A diferencia de otras comunidades, como la catalana o la gallega, el País Vasco no cuenta con una delegación propia en Madrid. Sus cargos carecen de un lugar de referencia para su trabajo cuando se desplazan a la capital y, en gráfica expresión de uno de ellos, despachan 'en la cafetería del hotel' en el que se hospedan.

Hasta el momento, la única representación en el exterior del Gobierno vasco ha sido la delegación en Bruselas, cuya apertura estuvo jalonada de problemas, finalmente zanjados en 1994 por una sentencia favorable del Tribunal Constitucional, que hizo posible su inauguración oficial el 6 de febrero de 1996. En 1986 el Gobierno abrió como avanzadilla una oficina de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrual (SPRI), convirtiéndose en la primera comunidad autónoma española con una representación en Bruselas. Dos años más tarde se transformó oficialmente en Oficina del Gobierno Vasco en Bruselas, la Administración central recurrió su creación ante el TC y quedó suspendida durante seis años. En la actualidad, la delegación está compuesta por catorce personas -el delegado, 6 técnicos, 5 becarios y 2 auxiliares- y tiene un presupuesto anual de 311.451 euros.

Las funciones de la delegación mexicana serán promover la colaboración entre los agentes sociales vascos en aquel país, servir de órgano de relación para establecer visitas e intercambios de información, y prestar infraestructura, apoyo y asesoramiento técnico sobre servicios de la administración vasca, además de evaluar necesidades y canalizar propuestas de los operadores de la comunidad autónoma en México.

La delegación contará de momento sólo con una persona, el propio delegado, con cargo de director general, pero más adelante tendrá dos técnicos y un auxiliar. Su dependencia será directa del secretario heneral de Acción Exterior, Iñaki Aguirre. El presupuesto con que contará no pudo ser precisado ayer por las fuentes de Ajuria Enea consultadas.

Ayudas de investigación

El Gobierno aprobó ayer también la convocatoria de ayudas para equipamiento científico (360.607 euros) y las becas para formación de investigadores (6,2 millones de euros) con cuatro programas diferentes. Asimismo acordó ayudas por 330.557 euros para potenciar la movilidad y el intercambio de contactos de la comunidad científica, tanto en el resto de España, como en el extranjero. Otras dos órdenes aprobadas cubren ayudas por 120.202 y 90.152 euros respectivamente para presentar acciones especiales de investigación a proyectos europeos dentro de los programas de I+D de la UE y para consolidar grupos de investigación en humanidades y ciencias sociales adscritos a universidades públicas y privadas de la comunidad.

El consejo convocó las ayudas (4,7 millones de euros) a centros docentes privados concertados para contratar a tiempo parcial a personal afectado por el pago delegado y que se acoja al sistema de jubilación parcial. Otra orden fija ayudas por 860.566 euros para la demolición de ruinas industriales. Esteban Sáenz de San Pedro fue nombrado director de Política e Industria Agroalimentaria.