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Un agricultor, condenado por explotar a 40 inmigrantes

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, Armando García Carrasco, ha condenado a un agricultor de Córdoba a dos años de prisión y a una multa de seis meses, con una cuota diaria de tres euros (540 euros en total), como autor de un delito contra el derecho de los trabajadores, cometido por alterar los contratos de trabajo de 40 inmigrantes, la mayoría colombianos y ecuatorianos, que trabajaron en una finca de su propiedad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) en la campaña de la aceituna de 2000-2001.

Durante esa campaña, el acusado, Pablo Ayllón Vergara, en nombre de la comunidad de bienes Herederos Ayllón Vergara, contrató de forma verbal y a través de la ONG Córdoba-Acoge a unos 40 trabajadores colombianos y ecuatorianos que, en situación de necesidad, carecían de permisos de trabajo y de residencia, con el compromiso ante esa ONG de regularizar su situación.

Ante la situación ilegal de estos trabajadores, algunos de ellos exigieron al acusado la redacción por escrito de sus contratos, lo que se realizó mediante modelos tipo en los que se pactaba un salario de 4.500 pesetas diarias por cada día y trabajador y otra serie de condiciones relativas a horarios, días festivos, horas extraordinarias y normas de seguridad e higiene 'que infringían la normativa laboral vigente de aquellas fechas [que fijaba un salario mínimo de 4.609 pesetas al día], como en materia de prevención de riesgos laborales', según el texto de los hechos probados que recoge la sentencia.

Alteraciones

Pero esos contratos fueron 'unilateral y maliciosamente alterados en su primera página por el acusado' para hacer constar un salario no pactado de 4.500 pesetas diarias por cada 140 kilos de aceituna recogidos, 'sin el conocimiento y el consentimiento de los trabajadores'. Además, esos modelos de contrato no fueron ni los presentados ante la Administración para la regularización de los mismos ni los efectivamente abonados en las respectivas liquidaciones, en las que se hacía constar la cantidad de 3.040 pesetas con reducciones posteriores de diversos gastos relativos a la manutención, gestión documental y diversos anticipos, no todos ellos justificados debidamente.

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social comprobaron que las condiciones de trabajo referidas a las instalaciones, comedores y dormitorios no reunían los requisitos mínimos prevenidos en la normativa laboral.

El juez señala que se abusó de la situación de necesidad en la que se encontraban los inmigrantes 'para imponerles unas condiciones laborales, tanto salarial, de horarios, de jornada de trabajo, como de seguridad e higiene', que infringe la legislación vigente 'de forma grave y consciente'. La condena obliga también al agricultor a indemnizar a los trabajadores con 4.609 pesetas diarias por jornada trabajada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de marzo de 2002