Pactos de nunca acabar

Pactar es más fácil que cumplir. Lo demuestra la historia reciente de las Cortes Valencianas, donde varios acuerdos de alcance firmados por los grupos parlamentarios no se han visto finalmente cumplidos, pese a que las diversas formaciones manifestaran su plena disposición a hacerlo en el momento de rubricarlos. Así, en la actualidad varios pactos duermen el sueño de los justos en el Parlamento valenciano: la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma del Reglamento de la Cámara, el Pacte pel Valencià, o la comisión de Estudio de Nuevas Formas de Gestión para la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) están a la espera de que los dirigentes políticos decidan cumplir lo pactado. Sin embargo, las tensiones, especialmente entre los dos principales partidos de la Cámara -PP y PSPV- y las declaraciones efectuadas en las últimas semanas permiten albergar pocas esperanzas de que esos pactos vean finalmente la luz.

Las tensiones impiden que se cumplan los acuerdos alcanzados por los grupos

Al PP no le interesa ahora reformar ni el Reglamento de la Cámara ni el Estatuto

El más antiguo proyecto pactista es el que afecta al Estatuto de Autonomía. La pretensión de reformar el texto estatutario de 1982 -en junio se cumple el vigésimo aniversario de su promulgación- para equiparar a la Comunidad Valenciana con las comunidades históricas, data del año 1996. Todos los grupos han mostrado su interés en llevar a cabo la reforma para introducir, entre otras cuestiones, la posibilidad de disolución anticipada de las Cortes, y para modernizar el texto. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, llegó a decir en el debate de política general del año 2000, en relación con el alcance de la reforma del Estatuto que el PP llegaría 'hasta donde el Partido Socialista esté dispuesto a llegar, ni un ápice menos'. Sin embargo, a principios de este mes el presidente propuso dejar al margen de la negociación la posibilidad de la disolución anticipada de las Cortes, por considerar 'inviable' que el Congreso de los Diputados pueda aprobar este extremo. Unas declaraciones que los socialistas interpretaron como una 'renuncia' del PP a alcanzar el máximo techo.

Y si la reforma del Estatuto lleva camino de no concretarse nunca, el proyecto de modificación del Reglamento de las Cortes tampoco parece tener un horizonte más claro. Hace ahora un año, la grave crisis que se generó en la institución del Síndic de Greuges quedó zanjada por un pacto que todavía está por cumplir. Populares y socialistas acordaron una reforma del Reglamento de la Cámara que habría de institucionalizar el trámite de la audiencia previa de los candidatos a ocupar cargos elegidos por las Cortes y limitar a un mes el plazo de nombramiento de los adjuntos al Síndic. Éste fue nombrado en tiempo y forma, no así los adjuntos, que tuvieron que esperar varios meses. Pero de la reforma reglamentaria nunca más se supo, más allá de la propuesta de los socialistas de que la ocasión fuera aprovechada para acometer una revisión más profunda del Reglamento, que todos consideran culpable de los problemas que afectan a las Cortes Valencianas: atasco de iniciativas, vetos del grupo mayoritario, alejamiento de la actualidad y encorsetamiento de los debates.

Por lo que respecta al Pacte pel Valencià, que en junio del año pasado permitió la constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, también está estancado, si bien es cierto que, al menos, en las últimas semanas los dos grupos mayoritarios de la Cámara se han reunido varias veces para tratar de avanzar en sus contenidos. El que más visos tiene de convertirse pronto en realidad es el de crear una comisión parlamentaria específica sobre la lengua. Otro cantar es el acuerdo incluido en el pacto referido a la exigencia del requisito lingüístico.

Finalmente, tampoco ha dado mayores frutos la comisión de Nuevas Formas de Gestión de RTVV. Los socialistas propusieron concluir los estudios para pasar a la acción, pero el PP prefirió prorrogar los trabajos, con el objetivo, según la oposición, de perpetuar su cómodo control del ente público. Algo que se puede aplicar también a la reforma del Reglamento: a los populares no les conviene reformarlo, sino seguir interpretándolo, según sus intereses, para barrer para casa. De la misma manera que no les interesa abrir el melón de la reforma del Estatuto, que podría incluir la rebaja del 5% al 3% del límite para obtener representación parlamentaria, algo que complicaría el mapa electoral.