El plan de Blasco para construir 73 residencias para mayores tropieza con la falta de suelo

La residencia se empezó por el tejado. El pasado 6 de junio, Rafael Blasco presentó 'la iniciativa más importante del Consell en materia social para satisfacer la demanda creciente de recursos para las personas mayores'. La Consejería de Bienestar Social anunciaba la relación de adjudicatarios de un 'contrato administrativo especial' que preveía la construcción de 9.000 plazas en residencias para mayores en 73 municipios de la Comunidad Valenciana. Una tercera parte, denominadas de 'accesibilidad social', a diposición de la Generalitat para atender a mayores sin recursos.

Los adjudicatarios disponían de seis meses para presentar sus proyectos definitivos e iniciar la construcción de las residencias, pero trabas administrativas y, sobre todo, la falta de suelo, complican la ejecución del plan.

Sobre el papel, la iniciativa de Rafael Blasco era impecable. La Generalitat multiplicaría las plazas para mayores en la Comunidad Valenciana a través de la construcción, asumida por empresas privadas, de 73 nuevas residencias diseminadas de forma homogénea por todo el territorio valenciano. Además, se reservaría la titularidad del servicio para miles de nuevas plazas, sometidas a determinados baremos de calidad, y asumiría la titularidad directa de 3.000 plazas para cubrir las necesidades de otros tantos mayores dependientes y carentes de recursos que sólo pueden ser asistidos por la red pública. Las denominadas plazas de accesibilidad social serían subvencionadas por la Generalitat a razón de un máximo de 37 euros por día cuando fueran ocupadas.

El desarrollo del plan, encomendado a empresas mayoritariamente valencianas, permitiría consolidar un sector de atención gerontológica propio en un sector con grandes posibilidades de crecimiento, la creación de cerca de 2.700 puestos de trabajo estables, una inversión inmediata en torno a 270 millones de euros y un notable flujo de capital asociado a la ejecución del proyecto.

Dos grupos encabezados por grandes constructores resultaron adjudicatarios del 77% de las plazas sometidas a concurso. Lubasa, Enrique Ortiz, Hormigones Martínez y Cyes, por un lado, frente a Obrascon Huarte Lain, la constructora del grupo de Juan Villar Mir, por otro. Varios grupos menores obtuvieron las restantes adjudicaciones.

Nueve meses más tarde, los adjudicatarios han tropezado con notables problemas para lograr suelo en buenas condiciones para levantar las correspondientes residencias. Los ayuntamientos elegidos por Bienestar Social como sede de las nuevas residencias fueron instados a ceder suelo municipal o recalificar terrenos para favorecer la ejecución del proyecto. Pero la inmensa mayoría de las corporaciones municipales sólo han recibido presiones desde entonces.

Bienestar Social ha pactado con cinco entidades financieras las facilidades para acceder a créditos blandos para los constructores, pero nunca negoció convenios con los ayuntamientos afectados.

La Consejería de Obras Públicas apenas tramita en la actualidad12 solicitudes de otros tantos ayuntamientos para obtener declaraciones de interés comunitario que permitan recalificar suelo no urbanizable sobre el que levantar residencias para mayores. Una alta fuente de Bienestar Social admite que ha solicitado a Obras Públicas que se aceleren los procesos administrativos, pero son los promotores los que deben arrancar el suelo a los ayuntamientos e instar los procedimientos.

Otra posibilidad es la cesión de suelo urbano o urbanizable de propiedad municipal para disponer de un servicio que, en principio, es beneficioso para los vecinos. Pero los problemas que ha tenido históricamente la Consejería de Educación para disponer de suelo municipal sobre el que construir infraestructuras educativos han sido notables. Educación ha optado por constituir una empresa pública, Ciegsa, para resolver los trámites administrativos con mayor eficacia y financiar la construcción de colegios al margen del presupuesto de inversiones de la consejería. Una fuente de Obras Públicas recuerda, además, que la cesión de suelo municipal para construir colegios es una práctica ya 'madura'.

La misma fuente recuerda que un proyecto como el Plan Eólico, impulsado por la Consejería de Innovación, requirió un intenso trabajo previo de los técnicos de tres áreas de gobierno para delimitar los espacios sobre los que plantar los molinos aerogeneradores de energía eléctrica. El tiempo perdido para acotar el terreno disponible debería ganarse, cuando las adjudicaciones sean definitivas, al salvar las trabas municipales.

Bienestar Social obvia el calado del problema y sugiere que el proyecto avanza a buen ritmo. Pero no aporta datos concretos. Los primeros plazos previstos en el contrato administrativo especial, que no se han modificado oficialmente, ya están desbordados. Y algún adjudicatario menor, como Vareser, ya ha traspasado su licencia administrativa y ha obtenido ingresos por el mero hecho de disfrutar de un papel que acredita una adjudicación pública.

El feliz proyecto diseñado para sacar a la Comunidad Valenciana del furgón de cola del Estado en materia de atención gerontólogica sin necesidad de forzar el fondo de inversiones de la Generalitat se complica porque la cesión de suelo municipal supone cargar la aportación patrimonial sobre las arcas de los ayuntamientos.

Un plan paralelo, el proyecto Elaia, también diseñado por Blasco, para financiar a través del Instituto Valenciano de Vivienda la construcción de hasta cincuenta bloques de una cuarentena de viviendas para mayores no dependientes, que compartirían servicios comunes de atención médica o lavandería, ha tropezado con problemas similares. Por el momento, sólo está en marcha el concurso para la construcción de 48 apartamentos tutelados para mayores y un centro de día con un presupuesto de licitación de 2.370 euros en la localidad alicantina de Castalla. El anunciO se publicó en prensa el pasado domingo.