Sant Carles de la Ràpita y Alcanar pleitean por la anexión de un trozo de playa

Un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reabierto el pleito territorial que enfrenta a los dos municipios más meridionales de la costa catalana. El recurso lo interpuso la semana pasada el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) contra el decreto emitido por la Generalitat en el que se desestimaba la propuesta de anexión de la zona de Alcanar-Platja, en el término municipal de Alcanar. El litigio amenaza con desestabilizar las relaciones futuras entre ambas poblaciones.

Alcanar-Platja es una franja costera con más de 25 urbanizaciones de anárquico crecimiento en un espacio de 14 kilómetros cuadrados limítrofe con el término de Sant Carles de la Ràpita. La disputa arranca de principios de la década de 1990, y surgió impulsada por las críticas de los vecinos del núcleo al Ayuntamiento de Alcanar por la desatención y falta de servicios esenciales. Desde Sant Carles de la Ràpita, de donde procede una parte de estos vecinos, acogieron con los brazos abiertos estas peticiones y el consistorio puso en marcha el expediente para anexionarse la zona. Pero el pasado mes de enero, la Generalitat emitió un decreto denegando las pretensiones territoriales de la Ràpita.

Decisión del pleno

El pasado día 12, los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurrían la decisión ante el TSJC, de acuerdo con la decisión del pleno, con la abstención del PSC e ICV. El alcalde de la población, Josep Pere Geira (CiU), considera que la petición tiene muchas posibilidades de salir adelante. 'Es la continuación urbana natural de la Ràpita, la antigua carretera es ya una avenida', asegura. 'No queremos enfrentamientos con Alcanar', añade, 'pero defendemos los intereses del pueblo'.

El alcalde de Alcanar, el independiente Baptista Beltrán, ha declarado ya la guerra a sus vecinos con quienes, asegura, ha roto todo vínculo institucional y de cooperación. Beltrán, que no duda en comparar la maniobra del Ayuntamiento vecino con las políticas de ocupación territorial del primer ministro israelí, Ariel Sharon, afirma que el contencioso será un 'fracaso absoluto', tras el arbitraje de la Generalitat, y asegura que la pretendida anexión responde a la voluntad de una minoría de rapitenses que habitan en las urbanizaciones de Alcanar-Platja, zona a la que atribuye 'posibilidades turísticas importantes, atractivas para cualquier Ayuntamiento'. Beltrán asegura que el Ayuntamiento trabaja ya para ofrecer a los vecinos los servicios que requieren y anuncia inversiones millonarias, pero añade a renglón seguido que la inexistencia de una salida definitiva al conflicto 'bloquea' las mejoras.

Sin embargo, son los vecinos de Alcanar-Platja quienes se consideran más perjudicados por la situación. El presidente de la asociación de vecinos Badia dels Alfacs, Santiago Codinach, apoya la decisión de recurrir adoptada por el Ayuntamiento rapitense. 'Nos parece bien todo lo que haga fuerza para tener los servicios', explica. Red de alcantarillado, limpieza de las playas, iluminación en las calles son algunas de las demandas que, asegura, no se han atendido desde el Ayuntamiento de Alcanar.

'Lo fundamental es que los vecinos tengan unos servicios de calidad', esgrime Miquel Alonso, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de la Ràpita. Alonso, que fue el alcalde que inició el proceso administrativo, lo considera un 'enfrentamiento territorial propio del siglo XIX'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 17 de marzo de 2002.

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