Zarrías pide que la desidia estatal sea causa de conflicto constitucional

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, reclamó ayer la modificación de la actual Ley del Tribunal Constitucional (TC) para que las comunidades autónomas tengan la facultad de plantear un conflicto constitucional al Estado por desidia de éste ante sus obligaciones. Ese cambio legislativo, añadió Zarrías, abriría la puerta a la Junta para plantear un conflicto por la negligencia del Gobierno en el continuo retraso de las transferencias de las políticas activas de empleo.

'Creo que es el momento, tras 20 años de proceso autonómico, de que nos planteemos si no deberíamos cambiar esa ley', manifestó Zarrías. Añadió, no obstante, que ese debate debe hacerse 'sin ningún tipo de crispación' y en el marco del Estado de Derecho y el Estado autonómico. 'Para que haya una legitimación activa por ambas partes', recalcó.

Zarrías admitió que esa sería la vía más clara para forzar al Estado a traspasar las políticas de empleo, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, consciente de que se trata de un asunto que no tiene fecha, el titular de Presidencia dejó claro que la Junta estudia otras vías de carácter jurídico 'para que Andalucía no sea discriminada', dijo. 'Iremos hasta el final y con todas las consecuencias', advirtió. En este sentido, acusó al Gobierno de Aznar de hacer un 'uso torticero y sectario' del Inem y de las escuelas taller y calificó de 'alarmante' el número de escuelas y casas de oficio que se están concedido a municipios gobernados por el PP. Todo ello, añadió Zarrías, con la paradoja de que en muchos pueblos se tiene que buscar alumnado fuera para poder cubrir el cupo establecido.

De otro lado, Zarrías criticó el 'cinismo supino' del PP por presentar ahora mociones de apoyo a la fusión de las cajas de ahorro sevillanas, El Monte y Caja San Fernando, cuando 'ellos han boicoteado durante mucho tiempo el proceso de fusión y renovación de los órganos'. Con todo, Zarrías dejó entrever que el PSOE podría aprobar esas mociones ante lo que considera 'un proceso irreversible'.