Sevilla, ciudad pacífica

El movimiento por otra globalización es una amplia respuesta a la injusticia mundial, al enorme foso entre riqueza y pobreza, a la destrucción acelerada de nuestro planeta. Se extiende por nuestra mejor juventud, por la universidad, actualiza tradicionales principios de la izquierda y elabora propuestas y alternativas por un mundo mejor, en el que los derechos básicos se globalicen al tiempo que se reduzca la concentración de beneficios. Su máxima expresión ha sido el Foro de Portoalegre, donde una amplia red de movimientos, personas y organizaciones han coincidido en caminar juntos, desde la diversidad y desde el pacifismo, en torno a la idea de que 'Otro mundo es posible'. Este mismo foro descartaba completamente la violencia o el terrorismo para conseguir este objetivo.

¿Por qué negar el uso de instalaciones públicas para actos y debates de carácter alternativo?

A pesar de ello es un objetivo definido del Gobierno central señalar a los movimientos por otra globalización (y por supuesto contra la globalización actual) como violentos. El PP ha guardado durante mucho tiempo un prudente silencio sobre las libertades democráticas (fruto sin duda de su complejo de culpa por sus implicaciones con el franquismo) hasta que la mayoría absoluta, los bombardeos de Bush y las encuestas del CIS lo han envalentonado proclamando un solo principio de la democracia: las mayorías mandan, olvidando que la democracia consiste también (y fundamentalmente) en la libertad de crítica, en el respeto a las opiniones del contrario y, en todo caso, en la plena libertad de manifestación y asociación de sus ciudadanos.

La criminalización de la respuesta, de la movilización, es una estrategia continua que busca dos objetivos: fijar los límites de la democracia y asustar a una gran parte de la ciudadanía. Hasta tal punto es así que personas y colectivos que hemos luchado por la democracia y que, precisamente por ello, trabajamos por un mundo más justo y una Europa más social y solidaria, tenemos que dar fe de nuestro pacifismo.

Hagámoslo. Somos profundamente pacifistas, no-violentos y así lo hemos proclamado en nuestra práctica diaria y en nuestras movilizaciones, pero quisiera preguntarle a nuestros gobernantes si ellos lo son también o, por el contrario, buscan exasperar, criminalizar a la juventud que ya no les respalda, crear climas de violencia o llamar al encuentro de los violentos para abortar, precisamente, un movimiento de conciencia y de futuro como el que se dio cita en Portoalegre.

¿De verdad alguien cree que el despliegue de policías, tanquetas y amenazas tiene como objetivo detener a un puñado de violentos? ¿O más bien este despliegue lo que busca es el miedo, el recorte de la libertad de expresión y la imposición del silencio a una gran parte de la población? Cualquier profesional de la lucha antiterrorista reconocerá que los mecanismos para su detención no son éstos. Entonces, ¿no será más bien el Gobierno el primer interesado en que sea la violencia y no la reclamación pacífica de miles de ciudadanos la protagonista de la contestación a las Cumbres Europeas?

El Gobierno no sólo debe facilitar el desarrollo de las Cumbres Europeas sino también el derecho democrático a la libertad de expresión y de manifestación consagrada en nuestra Constitución. ¿O es que se puede suspender el Estado de Derecho? A eso antes se le llamaba Estado de excepción, que por cierto realizó Berlusconi en Génova y al que Aznar parece emular. En este contexto el ofrecimiento de diálogo que el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, hace a los foros sociales andaluces es muy positivo. Si Sevilla va a alojar, y pagar, a centenares de participantes de la Cumbre Europea, ¿por qué negar siquiera el uso de instalaciones públicas para el desarrollo de actos y debates de carácter alternativo e, insisto, pacífico? Nadie en su sano juicio piensa que alguien que venga a Sevilla con intenciones violentas dedique su tiempo a participar en debates en la Universidad sobre la construcción de la Europa Social, la defensa de la paz o el ecologismo. De nuevo los catalanes nos han recordado que la democracia no se puede recortar ni parcelar y han facilitado instalaciones, negociado recorridos y dado la bienvenida en su ciudad a todas las opiniones. ¿Tendremos en Sevilla un Gobierno y una alcaldía a la altura de las circunstancias? Y si no es así, ¿a quién beneficiará?

Concha Caballero es diputada autonómica y coordinadora de IU en Sevilla.