La oposición resalta el estrecho vínculo con Zaplana

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Joaquim Puig, recordó ayer que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, 'ligó su futuro al de Cartagena'. Puig explicó que el hecho de que sea condenada 'la persona de máxima confianza de Zaplana y que se haya probado que robó ocho millones a unas monjas, dice mucho del Partido Popular y de la manera y estilo de hacer política del jefe del ejecutivo valenciano'.

'Zaplana, durante más de un año, se negó explicar en el Parlamento valenciano porqué se había ido Cartagena de su Gobierno', explicó Puig, quien consideró que, 'tras las responsabilidades judiciales, es el momento de asumir por parte del PP y de Zaplana la responsabilidades políticas pertinentes'. Para el portavoz parlamentario, el presidente de la Generalitat 'no tuvo el coraje de echarlo del Gobierno porque tenía un compromiso muy alto que ahora exige una respuesta muy alta, porque es evidente que las responsabilidades van mucho mas allá de Cartagena, tanto en este caso como en el que se sigue [por las cesiones de créditos] en la Audiencia Nacional contra el ex consejero'.

El coordinador general de Esquerra Unida y portavoz parlamentario, Joan Ribó, argumentó que la condena al ex consejero corresponde a 'un caso de corrupción del Partido Popular'. 'Es un indicador de que tenemos razón cuando decimos que hay cierto olor a corrupción tras el presidente de la Generalitat, pese a la incapacidad para poder avanzar en algunos casos como los contratos de Julio Iglesias, la gestión de José Emilio Cervera en el Consell o las condiciones en las que llegó el propio Zaplana a la alcaldía de Benidorm', señaló Ribó, que afirmó que 'el núcleo duro del Partido Popular se mueve en esos mecanismos que bordean la legalidad'.

El Consell remite al PP

Alicia de Miguel, portavoz del Consell, eludió cualquier comentario respecto a la sentencia y remitió a Juan Manuel Cabot, vicesecretario del PP en la Comunidad Valenciana. Cabot pidió respeto hacia Cartagena 'hasta que termine el proceso'. 'Lo mínimo que se exige en un Estado de Derecho es que la persona que está sometida a un proceso judicial no sea condenada hasta el final del mismo', dijo Cabot.

El vicesecretario del PP también recordó que los hechos juzgados se remontan a 1993 y que el ex consejero de Obras Públicas 'dejó sus responsabilidades políticas cuando las tenía que dejar'. También subrayó que 'ahora no tiene ninguna'.