Inseguridad: la mayor injusticia social

Eficacia cero, transparencia cero y responsabilidad cero. Deterioro de los valores de la cohesión social y de la prevención en la lucha contra el crimen. Ésta ha sido la política del PP en seguridad ciudadana. Resultado: el año 2001 ha registrado el índice de criminalidad más alto de nuestra historia. La paradoja es sólo aparente: a través de sus hechos, siempre en contradicción con su retórica, la política del PP se ha caracterizado por deteriorar los servicios públicos favoreciendo su privatización. Así con la sanidad y la educación; y así con la seguridad. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más que los profesores y los sanitarios, están desmotivados, mal pagados y desmoralizados por una mala dirección. Además, son menos. Hoy patrullan la calle 5.286 policías nacionales menos que en 1996. Los medios materiales con que cuentan Policía y Guardia Civil son simplemente raquíticos frente a los que disfrutan las mafias internacionales. Los efectivos del Estado cobran hasta 70.000 pesetas menos al mes que los autonómicos o locales. Hoy la coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas y locales se halla en su punto más crítico. El pomposo y fracasado Plan Policía 2000 no ha superado el ritual de una campaña de imagen: nada de patrullar la noche o investigar delitos. Al tiempo, como consecuencia, un descomunal aumento del negocio de la seguridad privada, que emplea a más de 100.000 personas. '¡El que quiera seguridad, que se la pague!'. Es la eficacia cero. Es la mayor injusticia social.

Desde que gobierna el Partido Popular, la delincuencia ha aumentado un 19,9%

El balance es brutal. Desde que gobierna el PP, la delincuencia ha aumentado un 19,9%: España es el país de la UE, junto con Bélgica y Grecia, donde más ha crecido la criminalidad en estos años. Tenemos la tasa de homicidios más alta de la UE: 2,61 por cada 100.000 habitantes. En estos seis años, la criminalidad violenta ha aumentado en un 25%. En Madrid y Valencia, bajo gobiernos del PP, la situación es tremenda. En Madrid, 100 asesinatos al año; 50 robos con navaja al día. Los delincuentes campan mientras la Policía Nacional apalea a sus compañeros de la Policía Local. En Valencia, 360 vehículos incendiados al año; un robo cada hora; un 30% de aumento de la criminalidad en un solo año.

Contra toda evidencia, el Gobierno, aquí como en tantos otros problemas, opone su propaganda, dosis masivas de mentiras y ocultación de los hechos. Así, con la convocatoria de 4.350 plazas de la Policía Nacional. Nos dicen en sus telediarios: 'Con esta oferta de empleo está solucionado el problema. Todo bajo control'. Nada que ver con la realidad. Uno, la convocatoria no tiene respaldo presupuestario: no podrá hacerse efectiva hasta el año que viene. Dos, tras las oposiciones y el paso por la Escuela de Avila, sólo en 2004 esos nuevos policías podrían estar en la calle. Tres, debido al envejecimiento de la plantilla, en 2002 y en 2003 está ya prevista la pérdida por jubilación de 2.531 efectivos, por lo que los 4.350 nuevos policías sólo vendrían a paliar mínimamente el deterioro. Para el mismo 2004 se prevén otras 3.094 bajas. Conclusión: en el 2004 habrá 45.139 policías, 1.275 menos que ahora y 6.561 menos que en 1996. A este ritmo de 4.350 al año, sólo en 2009 se recuperaría la cifra de 1996: 51.700 policías nacionales patrullando las calles. Sumemos a todo ello el maquillaje sistemático de las cifras del delito que ha venido realizando el Ministerio del Interior para disfrazar su incompetencia, mil veces denunciada por los sindicatos policiales. Es la transparencia cero.

Como de costumbre, de nada de lo que pasa se admite responsable el Gobierno. Esta vez, la culpa la tendrían los 'inmigrantes' cubiertos por el eufemismo del 'aumento de la población'. Siendo una ligereza focalizar en esto todo el problema, como si el Gobierno no tuviera nada que ver con ello, la inmigración es también víctima de la delincuencia en España: en el último año, han aumentado en un 390% los delitos contra este colectivo. Es la marginalidad, la falta de integración, no la inmigración en sí, la que figura entre las causas de la creciente delincuencia. El problema a combatir es el de la instalación en nuestro territorio de una plétora de mafias internacionales ante la pasividad o la indiferencia del Gobierno. Es la responsabilidad cero.

Frente a todo ello, el PSOE ha propuesto un plan de medidas en tres ámbitos: ninguna impunidad con el delito; prioridad para las víctimas; ninguna tolerancia con las causas del delito, porque éste afecta sobre todo a los más vulnerables, a los sectores más débiles de una sociedad desigual.

1. Es preciso terminar con la sensación de impunidad. Es urgente adoptar reformas legales -juicios rápidos, reforma de la prisión provisional, entre otras- que acaben con la recurrencia de que una persona varias veces detenida siga siendo una amenaza. Deben ser reactivados los mecanismos de coordinación con policías locales y autonómicas que están en la ley y que el Gobierno ignora. Debe ser elaborado un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, abarcando a comunidades autónomas y ayuntamientos. Se ha de estructurar la acción coordinada y conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, actuando frente al delito como un cuerpo único. Debe ser acometido un plan de choque de inversiones para dotar a nuestros Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios adecuados para garantizar su eficacia. Procede aumentar las plantillas, cubriendo todas las vacantes. La formación debe ser una actividad vinculante y periódica para todos los agentes. La autoridad de los alcaldes en seguridad ciudadana debe ser potenciada, dando mayor impulso desde los ayuntamientos a la policía de proximidad.

2. Protección a las víctimas, a su derecho a la asistencia en todo momento del proceso, a la cobertura sanitaria y psicológica, así como a ser indemnizados en caso de extrema necesidad.

3. Hemos de construir una sociedad cohesionada, presidida por valores y mejores servicios públicos frente a la desigualdad, beligerantes contra la marginalidad, causa principal de la delincuencia. Un Gobierno del PSOE priorizará esos programas de integración, educación, asistencia y prevención que no figuran para nada en la agenda del PP. Previniendo la inseguridad desde todas las esferas de lo público, incluyendo la planificación urbanística, y apostando por crear una agencia fiable para la evaluación de la criminalidad que evite el baile de cifras al que nos someten hoy el ministerio fiscal y el Ministerio del Interior.

Una alternativa social y democrática a un incontestable fracaso: ésa es la propuesta. No a la eficacia cero. No a la transparencia cero. No a la responsabilidad cero. Seguridad para todos, especialmente para los más débiles. No sólo para el que se la pueda pagar.

Juan Fernando López Aguilar es diputado por Las Palmas y secretario de Libertades Públicas de la CEF del PSOE.